Tribunales.- Juzgan este martes a dos empresarios por simular contratos para estafar a la Seguridad Social

  • La Sección Primera de la Audiencia de Granada acoge este martes el juicio contra dos empresarios acusados de crear contratos de empleo ficticios con personas que les pagaban por ello, lo que les permitió cotizar y obtener prestaciones y subsidios por desempleo por más de 23.000 euros.
Sede de la Audiencia Provincial de Granada, donde se celebrará el juicio el próximo 9 de enero.
Sede de la Audiencia Provincial de Granada, donde se celebrará el juicio el próximo 9 de enero.
Europa Press

Junto a ellos se sentarán en el banquillo los cinco falsos trabajadores que supuestamente se beneficiaron. La Fiscalía solicita para todos ellos la pena de tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y de otro de estafa, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los empresarios usaron una empresa cuyo objeto social era el comercio al por mayor y el cultivo de la vid para idear su "plan" para "defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante la simulación absoluta de relaciones laborales a cambio de una cantidad de dinero no determinada que en cada caso era entregado por el trabajador ficticio".

Los empleados, a su vez, al figurar dados de alta en la empresa, obtuvieron "indebidamente", entre 2010 y 2011, prestaciones de desempleo, así como de la Seguridad Social.

De esta forma, los empresarios "aparentaron" una relación laboral "inexistente" con el resto de los acusados sabiendo que "nunca iban a ser prestados los trabajos" para los que supuestamente eran contratados, tramitando así ante la Seguridad Social las altas.

Mantuvieron a los falsos empleados en esta situación de alta laboral durante el tiempo suficiente para que pudieran acceder a prestaciones y subsidios de desempleo.

No abonaron "nunca las cotizaciones a la Seguridad Social", por lo que la empresa, que fue anulada tras ser declarada ficticia, tiene una deuda en este sentido de 35.154 euros. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide multas de 5.400 euros para los siete acusados.

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