El comandante en jefe del Ejército chileno, Ricardo Martínez, denunció ante 900 miembros de esa institución que oficiales y personal de tropa presuntamente vendieron armamento a grupos de narcotraficantes y delincuentes.

"Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando", se lamentó Martínez en un audio secreto al que tuvo acceso el portal electrónico The Clinic y que se difundió este jueves en la redes sociales.

Según la información, el jefe del Ejército chileno hizo la denuncia el pasado martes en el Aula Magna de la Escuela Militar, delante de 900 miembros de la institución, entre oficiales y personal de tropa.

Martínez habló "sin eufemismos" de la corrupción castrense, de las divisiones internas e incluso de los inéditos lazos de algunos de los hombres bajo su mando con el crimen organizado.

Según The Clinic, sin saber que era grabado, el comandante en jefe del Ejército chileno recalcó también que la única forma de encarar la crisis era con un mando fuerte y sin fracturas internas. "Un ejército sin disciplina es una horda de gente muy peligrosa", aseguró ante sus subalternos, según consigna el audio.

La institución chilena se ha visto salpicada en los últimos años por varios casos de fraude en los que incluso ya se han dictado condenas por estos ilícitos.

Según un informe publicado en agosto del 2016 por radio Biobío, un grupo de militares chilenos defraudó 5.480 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares) al Estado entre 2010 y 2014, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

El mismo semanario chileno destapó entonces el llamado "Milicogate", al revelar que existía una gran operación de desvío de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército chileno. El semanario denunció entonces la desaparición de 2.000 millones de pesos chilenos (unos 3,1 millones de dólares) de las arcas públicas con facturas falsas que también se amparaban en el secreto de la llamada Ley Reservada del Cobre.

Esta ley fue promulgada en 1958 y publicada en una edición restringida del Diario Oficial, debido a que se trata de una orden secreta cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre a la compra y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas de Chile.

El pasado 31 de agosto, la jueza Rommy Rutherford dictó las dos primeras condenas por un fraude de los fondos de la Ley Reservada del Cobre en el Ejército chileno, que por el momento supera los 11 millones de dólares.