Es más, Alonso, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés acompañado de Piernavieja, ha elevado a 33 millones el coste de la multa, al argumentar que habrá que contabilizar el primer semestre de 2019. Y es que el edil de XsP no calcula hasta finales de ese año o principios de 2020 el que la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Zona Este (EDAR) entre en funcionamiento.
A mayores, ha cifrado en más de 90 millones de euros -incluidos los 36 millones de la EDAR- el dinero necesario para completar el saneamiento en la ciudad y solventar los problemas existentes, como por ejemplo en la depuradora de la zona Oeste o el emisario de Aboño. Algo que ha visto difícil de que se llegue a solucionar debido, a su parecer, a la "ineptitud" del Ministerio y porque el sistema de depuración instalado sospecha que "no es correcto".
Es por ello, que ha avanzado que pedirán responsabilidades patrimoniales a los responsables de esta situación si es preciso, al tiempo que ha tildado de "auténtica vergüenza" que queden pendientes 90 millones de euros en inversiones y se siga sin saneamiento. "Nos sobraba para haber hecho otra depuradora", ha opinado.
De hecho, ha expresado su esperanza a que figuren 91 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para afrontar las necesidades de saneamiento en Gijón, a lo que ha confiado en que no se trate de repercutir a los ciudadanos la multa a través de una subida del canon de saneamiento.
ENGAÑO A EUROPA
Una inquietud que van a trasladar al Ministerio, aunque ha opinado que está claro que es este el responsable de la obra y no cabría hacer copartícipe de la multa al Ayuntamiento. Otra cosa es que se intente repercutir vía canon de saneamiento, algo que no apoyará XsP.
Unido a ello, ha acusado al Gobierno central de "mentir" e intentar "engañar" a la UE haciéndole ver que se cumplía con la normativa, según él, algo que el edil ha augurado que pasará también con el reciclado, cuyo porcentaje de obligado cumplimiento no se va a poder conseguir, a su parecer.
En esta misma línea se ha expresado Piernavieja,
quien ha recordado que en 1991 fue aprobada la
directiva, en la que se daba un margen para adaptarse a la misma. Ya en 2005
hubo un primer apercibimiento de la UE por la falta de saneamiento Gijón y la primera sentencia llegó en 2011, aunque no se ejecutó hasta este año.
Entre 2011 y 2018, ha incidido en que se produjo una "retaíla de comunicaciones" entre la UE y la Administración central para solventar esta situación. Podemos, en este sentido, va a solicitar estas comunicaciones al sospechar que el Estado intentaba engañar a la UE sobre el cumplimiento de esta directiva.
Y al igual que González, ha mostrado la "oposición frontal" de Podemos a que la multa la paguen los ciudadanos. Según él, no hay base jurídica para repercutir a las administraciones autonómica y local ese abono. "Sería un despropósito jurídico", ha sostenido.
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