La portavoz del grupo municipal del PP en Granada, Rocío Díaz, ha hecho esta petición en una nota de prensa, en que ha resaltado la "imputación" del alcalde por tres supuestos "delitos penales de corrupción política, por los que se podría enfrentar hasta a nueve años de prisión".
Tras una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla abrió una investigación por la supuesta contratación irregular de personal externo para el desempeño de funciones de inspección en cursos de formación en Economía Social contratados en los años 2011 y 2012 por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Además del alcalde de Granada, en la causa se encuentran investigados otros ex altos cargos de la Consejería de Economía e Innovación.
Rocío Díaz ha considerado "ridículo y esperpéntico" el hecho de que el alcalde "insista cada dos o tres meses en solicitar el archivo de su causa judicial como medida desesperada para tratar de escaparse de un asunto muy turbio y con un pufo de corrupción bastante importante".
"El alcalde de la ciudad está escondido y no quiere dar la cara después de que la Guardia Civil lo haya señalado en su informe judicial como el responsable de haber adjudicado a dedo y sin respetar el procedimiento administrativo, varios contratos a empresas bajo sospecha para que
auditaran los polémicos cursos de formación de la Junta de Andalucía", ha señalado la portavoz municipal del PP.
Asimismo, Díaz ha indicado que, "mientras en la ciudad de Granada, el alcalde retrasa los pagos a proveedores a los 200 días, en estas adjudicaciones irregulares que investiga el juez de Sevilla se ha constatado que Cuenca pagó a las empresas antes incluso de realizar los trabajos".
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