La nueva norma, que entrará en vigor mañana, prevé recaudar 15 millones de euros cada año -la Junta planteó inicialmente 10 millones que han pasado a 15 tras salir adelante una enmienda de Podemos- para "compensar" a la ciudadanía por las cargas ambientales que debe soportar como consecuencia del depósito temporal de residuos de la central atómica.

El impuesto al desmantelamiento de la central nuclear burgalesa surgió en agosto de 2017 después de conocerse la intención de la empresa propietaria, Nuclenor, participada al 50 por ciento por Endesa e Iberdrola, de no continuar con la actividad de las instalaciones alegando su inviabilidad económica.

Otro de los objetivos de este nuevo impuesto autonómico es evitar que los residuos de la central de Santa María de Garoña se queden en el territorio de Castilla y León de forma definitiva. Para ello, gravará el riesgo de alteración del medioambiente derivado del combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales de la comunidad para lo que ha fijado la cuota tributaria por el almacenamiento temporal de esos residuos en 6.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado.

De este modo, ha defendido la Junta en todo momento, el nuevo gravamen se configura como un instrumento de ordenación pensado para disuadir de la realización de conductas perniciosas con el medio ambiente en el ámbito de este tipo de energía.

La Junta de Castilla y León también ha defendido la "oportunidad" y la "necesidad" de hacer uso de la capacidad normativa de la Comunidad en materia tributaria para reforzar unos "ingresos públicos escasos" para poder invertir en la zona de influencia y, ante las advertencias del PSOE, ha rechazado que exista una doble imposición a este respecto la norma estatal grava la actividad de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en una instalación centralizada y la autonómica ese riesgo de alteración del medioambiente que genera el depósito de residuos de forma temporal en las propias plantas.

En la exposición de motivos se argumenta que el empleo de energía nuclear para producir electricidad conlleva la "inevitable" generación de residuos, cuyo impacto ambiental se prolonga tras el cese de la explotación y cuyas consecuencias se desconocen por lo que la Junta insiste en la conveniencia de minimizar su permanencia en el territorio a lo que se suma que en España no existe un almacén de residuos radiactivos.

Este proyecto da cumplimiento además a la resolución adoptada por las Cortes de Castilla y León el 6 de septiembre de 2017 en la que se instaba al Gobierno autonómico a tomar "diferentes medidas" ante el dictamen del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad), anunciado el 1 de agosto de ese mismo año, de no renovar la autorización de explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.

Junto al mandato a la Junta de exigir al Ejecutivo central la elaboración y puesta en marcha inmediata de un plan de reindustrialización para la zona de influencia de la planta atómica burgalesa, el Parlamento de la Comunidad reclamaba también el estudio para la implantación de este "tributo medioambiental autonómico" con el compromiso de destinar su posible recaudación a este territorio.