En un comunicado, su presidenta, Mónica Alegre, se ha pronunciado así tras conocerse que el Gobierno estudia una propuesta que contempla la prohibición de la matriculación de vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2) más allá de 2040, entre los que se incluyen modelos tanto diésel como de gasolina y también híbridos.

Además de sumarse a las reacciones que expresaron entidades como ANFAC y Faconauto, Alegre ha explicado que "el sector está viviendo una profunda transformación y las empresas están trabajando en este sentido, pero las autoridades deben ser prudentes y no poner en peligro miles de puestos de trabajo tanto en la Comunitat Valenciana, como en el resto del territorio español, precisamente en un momento de descenso de la demanda en todo el continente".

A su juicio, "anuncios de este tipo deberían ir acompañados de otras medidas económicas y laborales que mantengan la competitividad y, sobre todo, que aseguren el empleo".

Alegre ha asegurado que la industria valenciana lleva años adaptándose, dado que conoce las tendencias del mercado y sabe "que el futuro del automóvil pasa por la reducción de los combustibles fósiles a favor de los eléctricos" y ha apuntado que el horizonte que se ha marcado para el año 2040 es" suficientemente lejano como para que las empresas valencianas estén preparadas".

"Los componentes de un automóvil son muchísimos y debemos reconocer que para determinados componentes como los fabricantes de interiores, plásticos, textiles, ingenierías, logísticos o proveedores de materias primas un cambio en el modo de propulsión no cambia o incluso les proporciona más oportunidades de negocio", ha explicado.

Asimismo, Alegre ha subrayado que la producción de vehículos españoles está destinada en su mayor parte a la exportación y se irán adaptando en función que la legislación del resto de países se cambie.