La Audiencia de Valladolid se ha visto obligada este miércoles a acordar la suspensión del juicio de presunta 'estafa piñonera' sobre una mercantil de Pedrajas de San Esteban como consecuencia de la incomparecencia de uno de los tres procesados, supuestamente ingresado en un centro hospitalario de Córdoba tras haber sido sometido a una enfermedad quirúrgica.

La suspensión se ha producido a petición de la letrada del acusado, Jesús C.G, como consecuencia de la intervención de retina de urgencia practicada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, lo que le ha impedido asistir a la vista oral, motivo que el tribunal ha estimado más que justificado para posponer el juicio debido a lo elevado de la pena solicitada para él y sus otros dos compañeros de banquillo.

Sin embargo, la acusadora pública, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha solicitado a la Sección Cuarta de lo Penal que compruebe la veracidad de la enfermedad esgrimida por el procesado y en el supuesto de que éste no pudiera acreditar la misma ha interesado del tribunal que dicte orden de busca, captura e ingreso en prisión para asegurar así su presencia en la vista oral.

Tanto Jesús C.C. como Modesto P.C. y Rafael Jesús M.B, administradores de una sociedad cordobesa, se exponen a penas de tres años y nueve meses de cárcel por delito de estafa y al pago, en concepto de responsabilidad civil, de una indemnización conjunta y solidaria de 99.000 euros en favor de la mercantil pedrajera supuestamente estafada.

Mayor condena solicita para ellos la acusación particular, en concreto cinco años de cárcel, junto con el pago de multas de 3.960 euros y otra que tendría que abonar su sociedad mercantil, también como responsable penal, por importe de 21.900 euros.

Los tres acusados, administradores de una empresa de piñones, suscribieron el 25 de noviembre de 2013 en Pedrajas un contrato de compraventa de marcadería con una comunidad de bienes de la citada localidad vallisoletana en virtud del cual se comprometían a abastecer a la mercantil pedrajera de piñas de las que dijeron ser propietarios en Marruecos.

Con la finalidad de ver la mercancía, los acusados viajaron en noviembre de 2013 con dos socios de la comunidad de bienes pedrajera hasta Tánger, donde los primeros mostraron a los segundos unas piñas que, en realidad, no les pertenecían.

El contrato firmado estipulaba que los acusados surtirían de ese producto, con un mínimo de 500.000 toneladas, por un precio cerrado de 0,90 euros el kilo de piñas, incluido el porte correspondiente por el transporte desde Tánger a Pedrajas de San Esteban.

Confiados en la buena fe de los acusados, los socios de la mercantil de Pedrajas hicieron una transferencia a su favor por importe de 99.000 euros el 3 de diciembre de 2013, si bien los primeros ni hicieron la entrega de las piñas prometidas ni devolvieron un euro de lo recibido en cuenta.