Ciudadanos resalta la unanimidad sobre la ley que modernizará y dotará de recursos a la Inspección General de Servicios

  • El diputado de Ciudadanos en la Junta General del Principado Armando Fernández Bartolomé ha resaltado este miércoles el consenso alcanzado con relación a la Ley de la Inspección General de Servicios impulsada por su formación en el parlamento asturiano. Está previsto que la norma se apruebe esta semana por unanimidad del pleno y pretende modernizar y dotar de más recursos técnicos y humanos a la Inspección de la administración autonómica.
Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos)
Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos)
EUROPA PRESS
Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos)

En rueda de prensa en sede parlamentaria, el diputado de Ciudadanos ha recordado que hasta hace poco tiempo la Inspección General contaba únicamente con siete inspectores para una administración con más de 36.000 empleados públicos.

Fernández Bartolomé ha explicado que el Gobierno del Principado contará con un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para el desarrollo del reglamento y la organización del servicio. Asimismo, ha remarcado que los inspectores serán funcionarios del grupo A1 y el jefe de la Inspección será elegido por concurso como "garantía de independencia".

Según el diputado de la formación liberal, si la Inspección hubiese contado antes con los recursos suficientes se podrían haber evitado "algunos desmanes cometidos". De hecho, ha apuntado que en el 'caso Marea' se demostró que "había brillado por ausencia".

Para Ciudadanos, la actividad de la Inspección General de Servicios es "capital", al igual que ocurre con el Consejo Consultivo y de la Sindicatura de Cuentas. Por ello, ha reiterado la necesidad de garantizar "la independencia" de estos órganos.

Entre los aspectos más relevantes de la norma de la Inspección, el diputado de Ciudadanos ha señalado que refuerza su autonomía e independencia; amplía el marco de actuación a los organismos autónomos, entes y fundaciones; moderniza la colaboración con los servicios de inspección; y amplía el rango normativo para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas al parlamento.

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