El viento no sopla a favor del empresario Rafael Gómez. A la querella interpuesta por Cajasur por un presunto delito de administración desleal cuando eran socios en la empresa Arenal Sur 21, se le une ahora la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que da su apoyo a la denuncia de la caja.

Ésta acusa a Gómez de emplear un millón de euros para contratar unos servicios ficticios para lograr del Ayuntamiento de Manilva (Málaga) una operación urbanística fuera de la legalidad (aumentar la edificabilidad de una parcela en un 942% cuando el límite estaba en un 30%).

Según informa Efe, Anticorrupción apoya las acusaciones de Cajasur contra su ex socio y su ex director general, Francisco Jurado, al que acusa de cobrar comisiones por un valor de 180.000 euros por autorizar créditos sin las suficientes garantías.

Pero el órgano fiscal contra la corrupción ve aún más delitos e inculpa a cuatro personas más: un arquitecto y responsables de las empresas contratadas por Gómez en estos hechos.

«Cada institución tiene su cometido y hay que ser respetuosos con las decisiones de los órganos». Con estas palabras, la alcaldesa, Rosa Aguilar, se refería a la decisión de Cajasur de querellarse contra su ex socio Rafael Gómez.

Aguilar mostró su deseo de que «todas las actuaciones emprendidas no afecten a lo que significa el papel importante que tiene que jugar Cajasur en el espacio financiero, en el ámbito andaluz y general de las cajas».

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, añadió que «en este tipo de circunstancias hay que ser extremadamente prudente, respetuoso y responsable».

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