de los mismos, al tiempo que supuestamente los daba por pagados frente a la compañía para seguir generándose comisiones a su favor.

El acusado, desde enero de 2007 y hasta finales de 2011, estaba facultado en nombre de una gran compañía aseguradora para concertar contratos de seguro en la modalidad conocida como seguros de flota, así como de su renovación y del cobro de los recibos de aquellos asegurados que no tuvieran domiciliados los pagos.

Hay un total de 33 personas afectadas por esta supuesta estafa y apropiación indebida que supuestamente se llevaba a cabo desde la oficina del acusado situada en el municipio jiennense de La Carolina. A todos los afectados se les hizo creer que sus seguros estaban en vigor cuando en realidad la compañía aseguradora procedió a su anulación por falta de pago de la prima.

El acusado ha rechazado los cargos y ha indicado que ni él ni el personal que estaba a su cargo "éramos una cuadrilla de sinvergüenzas apostados detrás de una mata con un trabuco". Ha apuntado que al año tramitaba unas 300 pólizas cabeceras de flota lo que suponía unos 2.000 movimientos de alta y baja respecto a los vehículos que se incluían en dichas pólizas.

Ha señalado que 33 es un número "insignificante" y que en todo caso se trata de pólizas cuyos recibos "retrocedidos por lo que ese dinero nunca estuvo en mi cuenta". Ha rechazado haber hecho un uso privado del dinero y de ser un estafador porque en su caso "debí salir un estafador muy burro porque salí con deudas".

Ha añadido que aquellos recibos de pólizas que se domiciliaron en su cuenta particular y no en la sociedad que administraba fueron algo "excepcional" porque "no era una práctica habitual". Argumenta que toda la documentación la destruyó cuando la compañía aseguradora le rescindió el contrato porque así se lo pidió ésta, algo que ha rechazado el abogado de la compañía aseguradora que ha mantenido que lo que se le pidió fue que procediera a la destrucción de los datos de clientes y a la devolución de toda la documentación.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito continuado de apropiación indebida y otro, también continuado de estafa, por los que le pide seis años de prisión, multa de 3.000 euros y en concepto de responsabilidad civil el pago a la compañía aseguradora de una indemnización de 90.716 euros y otros 18.400 euros a 18 personas, todos ellos exclientes del acusado, y que fueron los que finalmente presentaron denuncia contra él.