Sánchez ha considerado el fallo como una "importante noticia para el municipalismo" en España, pues entiende que el Alto tribunal respalda la autonomía de los ayuntamientos para elegir como gestionar sus servicios, algo que recuerda que hizo el Consistorio vallisoletano en 2017 cuando completó el proceso de remunicipalización del ciclo del agua.

El TC, tras admitir el recurso presentado por 50 diputados del grupo confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, ha declarado "inconstitucionales" dos preceptos que el anterior gobierno del PP introdujo, a juicio de María Sánchez, con componente "ideológica", en los Presupuestos de 2017 para "frenar y dificultar la remunicipalización de servicios públicos" por parte de los ayuntamientos.

La edil de la plataforma Valladolid Toma la Palabra se ha referido a la disposición que limitaba la incorporación del personal laboral al sector público en el caso de que el servicio pasara de ser prestado por una empresa concesionaria a ser municipal. "Querían evitar que en caso de municipalización los ayuntamientos pudiéramos subrogar al personal y así dificultaban el proceso", ha apuntado.

En el caso de Valladolid, ha recordado, dicha disposición no afectó al caso de Valladolid, ya que los trámites para la subrogación del personal se llevaron a cabo antes de que los PGE de 2017 entraran en vigor, el 29 de junio de 2017, y así, según Sánchez, lo reconoció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

De hecho, la edil ha recordado que los tribunales han echado para atrás otros intentos tanto de la anterior empresa concesionaria como de la Abogacía del Estado para frenar el proceso de rescate del servicio.

En opinión de Sánchez, las disposiciones de los PGE pretendían regular una Ley para alterar un contenido propio de otras normas, al tiempo que ha recalcado que el Gobierno camuflaba como medidas "de contención del gasto" cuestiones que no afectaban a la hacienda pública, algo que ha destacado que reconoce la sentencia del Constitucional.

En definitiva, ha opinado que se trataba de "una cuestión ideológica" para defender intereses privados frente a la autonomía de los ayuntamientos para elegir como gestionar sus servicios.