El pasado 22 de octubre, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 25 de València y las cuatro juezas de refuerzo encargadas de cuestiones hipotecarias acordaron suspender las audiencias previas y vistas en procedimientos en los sobre estas cuestiones ante la "grave situación de inseguridad jurídica" creada por la diferencia de criterio jurisprudencial en el Tribunal Supremo.

Tras celebrar una junta, las juezas acordaron que estas circunstancias provocaban una "grave situación de inseguridad jurídica", por lo que acordaron suspender las audiencias previas y vistas en procedimientos que se vieran afectados por esta materia, los procedimientos ordinarios en que se ejercite una acción de nulidad de cláusulas sobre gastos contenidos en escritura de préstamo hipotecario en lo relativo a la atribución del pago de este impuesto y solicitud de reintegro de su importe a la entidad prestamista, y notificar la suspensión de cada una de las actuaciones judiciales a las partes en procesos afectados.

Ahora, tras recibir una nota informativa del TS, el magistrado juez decano de València ha dejado sin efecto ese acuerdo de la Junta de Jueces de Primera Instancia número 25 de València "procediéndose a la celebración, con normalidad, de todos los señalamientos previstos con efectos de 8 de noviembre de 2018".