Así lo ha avanzado el presidente de la patronal, José María Albarracín, al término del encuentro mantenido con el secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, que le ha exigido a Albarracín que ayude a impulsar la actualización de la negociación colectiva, ya que "19 convenios se encuentran dentro del periodo de vigencia inicial del convenio, pero ocho finalizarán el 31 de diciembre de 2018 y la situación es más preocupante si tenemos presente que 43 convenios han superado el periodo de vigencia inicialmente pactados, lo que supone un 69,35% de los convenios sectoriales".

Una reunión en la que han acercado posturas en lo referido a las infraestructuras, como el tercer carril de la A-7, el Corredor Mediterráneo y los arcos norte y noroeste, pero que han puesto sobre la mesa sus diferencias en otros temas, como la ley de aceleración empresarial.

Una ley que, a juicio de Albarracín, "era necesaria, al igual que contar con un ente público que facilite la seguridad jurídica a los empresarios". Sin embargo, desde Podemos se considera que la situación de inseguridad jurídica "la ha creado el Gobierno regional a lo largo de 24 años". Las fórmulas empleadas, ha advertido, "podrían ser calificadas de amnistía urbanística y ambiental y es pan para hoy y hambre para mañana".

Junto a la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente, Urralburu considera que "es una forma de dar carta blanca a todas aquellas empresas que se saltan los controles medioambientales. Es una amnistía para los que no respetan la ley ni piensan en que debemos armonizar el medio ambiente, los intereses empresariales y el urbanismo".

Por eso, Podemos presentará una enmienda a la totalidad al proyecto, dado que entiende que "son las instituciones públicas las que deben garantizar que se cumplen las directivas europeas. Como el Gobierno regional del PP prefiere defender a los empresarios, a los malos empresarios, antes que a la Región de Murcia en su totalidad, confrontaremos con ellos desde la Asamblea Regional".

Sin embargo, la patronal y la formación morada han llegado a puntos de entendimiento en lo referido a la situación de precariedad laboral en la Región y actualizar los salarios, punto éste en el que Albarracín demanda que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea de una forma gradual, para no afectar a la creación de empresas.

Asimismo, Urralburu ha pedido a la patronal que abra su interlocución a otras fuerzas políticas, ya que "al negociar exclusivamente con el Gobierno regional margina de la agenda pública temas de crucial importancia para la Región, como los salarios, la temporalidad de los contratos, la precariedad de muchos sectores y la negociación colectiva".

Urralburu ha hablado en primer lugar de los "bajos" sueldos que cobran los murcianos. El secretario general de Podemos ha explicado que una gran parte de los convenios sectoriales regionales tienen "categorías laborales por debajo de los 14.000 euros brutos anuales. Esto se da en el comercio, la hostelería, los convenios agroalimentarios y la limpieza; algo que está totalmente en contra del mínimo pactado en el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva 2018-2020 firmado por las patronales y los sindicatos".

Respecto a la temporalidad, Urralburu ha recordado que "tenemos una tasa por encima del 30%. Las ETT hacen un uso fraudulento de las horas extraordinarias y un uso abusivo de los contratos a tiempo parcial y esto no incentiva la formación de los trabajadores, las cualificaciones, las vocaciones científicas y técnicas de nuestros jóvenes a la hora de plantearse seguir un ciclo de FP o una carrera". Por eso, Podemos presenta en la Asamblea Regional una iniciativa para que el Gobierno desarrolle reformas normativas para reducir la precariedad.