El Pleno del Parlamento regional ha aprobado este lunes la nueva ley de régimen jurídico de la Administración y del Sector Público Institucional de Cantabria, que actualiza y adapta a la normativa estatal la hasta ahora vigente, aprobada en 2012, y abre la posibilidad de que cada consejería pueda contar con su propia mesa de contratación, un aspecto en contra del que han votado PP y Ciudadanos (Cs).

El resto del texto de la norma, que regula el funcionamiento de la Administración y las relaciones entre ésta y la ciudadanía, ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos tras admitirse más de un centenar de enmiendas de las más de 170 de la oposición.

Según PRC y PSOE esto muestra el "esfuerzo" y "empeño" del Gobierno PRC-PSOE para que esta nueva ley saliera adelante con el mayor consenso posible.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha resaltado que se trata de una norma "extremadamente importante para el buen funcionamiento" de la Administración y de los servicios píblicos y para los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere a su relación con el Gobierno, algo en lo que ha coincidido también la oposición.

Ha asegurado que es una norma "técnica", que, según ha asegurado, el Gobierno ha pretendido que esté "alejada de criterios políticos partidistas" y que introduce novedades o modificaciones "relativamente importantes".

Respecto al sector público autonómico, la nueva ley lo reordena y reorganiza "por primera vez", incorporando a las entidades de naturaleza privada dependientes de la Administración pública, las sociedades mercantiles, denominadas comúnmente empresas públicas, y las fundaciones dependientes.

También unifica y detalla la iniciativa legislativa, un capítulo que es nuevo en su totalidad, y con el que se posibilita la participación activa de la ciudadanía en la creación normativa y, especialmente, de aquellas entidades o personas con interés en las leyes y decretos que impulse el Gobierno.

La norma apuesta también por la generalización de la Administración Electrónica y también introduce novedades tendentes a la "agilización" de los trámites es la reducción de las sanciones autonómicas por el pago voluntario, que incluye la terminación del procedimiento.

También prevé que el ciudadano o empresa podrá interponer recurso ante los tribunales por actos o decisiones de los consejeros sin necesidad previamente de presentar recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno.

PP Y CS VOTAN EN CONTRA DEL ARTÍCULO SOBRE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN

Aunque todos los grupos han votado a favor de la norma por considerar que es "necesaria" y valorar el resultado final al que se ha llegado tras la tramitación parlamentaria, el PP ha solicitado que el artículo de la ley que alude a las mesas de contratación, el 175, se votara de forma separada para poder decir de forma expresa 'no' al mismo, algo que también ha hecho el diputado del grupo mixto y portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Rubén Gómez.

Pese a ello, este artículo también ha salido adelante con el apoyo de PRC, PSOE y Podemos.

Mientras que el Gobierno y los grupos que lo sustentan han defendido que es una medida que agilizará los procedimientos de contratación, han negado que esto reste imparcialidad y han negado que genere un mayor coste, el PP ha considerado un hecho "fuera de toda normalidad" y "justificación" que la ley abra esta posibilidad y cree que va en sentido contrario al espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público.

El diputado de Cs también ha mostrado su oposición al considerar que para mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión "no son necesarias" más mesas de contratación.

De la Sierra ha vuelto a defender esta fórmula que se ha adoptado y ha insistido en que el sistema que se adoptado es "exactamente igual" al que propone y establece la ley estatal y es "extraordinariamente razonable" y "justificada" en aras a la agilidad del procedimiento.

Ha señalado que "lo que cambia" en el órgano es el presidente de la mesa, que pasará a ser el consejero de cada área y no él, algo que, a su juicio, no afecta a la imparcialidad.

El resto del texto ha sido aprobado con el apoyo de todos los grupos, concretamente con 33 votos a favor: los de los diputados presentes, más el emitido de forma telemática por el portavoz del grupo popular, Eduardo Van den Eynde.

Ha faltado a la sesión y no han votado la norma tanto Carrancio como el todavía parlamentario de Podemos, José Ramón Blanco, que ha faltado a su quinto pleno consecutivo, todos los que se han celebrado desde que se hicieron públicas las denuncias internas por acoso laboral presentadas por tres compañeras de partido, tras lo que el pasado 8 de octubre anunció que que dejaría su acta pero no la ha formalizado y ahora está de baja médica.

ENMIENDAS

Durante la tramitación parlamentaria de la norma, se han introducido a través de las enmiendas modificaciones al proyecto de ley que había aprobado el Gobierno de Cantabria.

Una de las modificaciones más destacadas respecto al texto original, y que más debate ha generado durante la tramitación y este lunes en el Pleno, ha sido la relativa a la designación de los altos cargos.

En el texto original se reservaba la designación de los directores generales y secretarios generales del Gobierno de Cantabria a funcionarios de carrera fijos, algo que finalmente no ha sido recogido así en la redacción definitiva, después de que se haya aprobado una transaccional de PRC, PSOE, PP y Podemos permitirá que también se abra a otras personas con acreditada solvencia profesional y académica, para lo que deberá informarse y justificarse ante el Parlamento.

También durante la tramitación parlamentaria se han aceptado enmiendas al texto inicial, como por ejemplo la dirigida a la creación de un Consejo de supervisión continúo para mejorar la eficacia, control y transparencia de las sociedades públicas y fundaciones, cuya autoría ha reivindicado Podemos.

Se ha introducido además una enmienda de la formación morada para establecer la obligación para que se atribuya la tutela y adscripción de las sociedades públicas sea siempre a una consejería que guarde relación directa con su objeto social, algo que, según ha señalado el diputado de Podemos Alberto Bolado evitaría que se vuelvan a dar situaciones como la de Sodercan, adscrita a Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social en vez de a Industria.

Bolado ha opinado que se trata de una ley "un poco de todos" ya que en ella se reflejan "en mayor o menor medida" la visión de todos los grupos gracias a las enmiendas aprobadas y ha opinado que, en términos generales, se ha conseguido "una buena ley".

También, por las enmiendas planteadas por la oposición, se han reducido el número de procedimientos administrativos que se pueden resolver por silencio administrativo o se va a crear un inventario de bienes públicos autonómico.

No han salido adelante otras enmiendas de la oposición, como aquellas de Podemos y PP, dirigidas a impedir que las empresas públicas puedan tener potestades administrativas, como, por ejemplo, la expropiatoria, algo que para los populares es una "barbaridad".

De la Sierra, ha subrayado que se han aprobado la mayoría de las enmiendas de la oposición pese a que, a su juicio, "muchas" de las presentadas resultan "totalmente innecesarias" ya que, según ha dicho, "no añaden ni quitan nada o prácticamente al texto".

Además, ha calificado de "injustas" algunas "críticas" de los grupos a algunos aspectos de la ley, como que se abra la posibilidad de que haya más mesas de contratación.