El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia previa que declara "procedente" el despido de un varón que trabajaba como recepcionista en un centro geriátrico de Utrera (Sevilla), después de que el mismo provocase la entrada de agua no apta para el consumo humano en la red de suministro de dicho centro, al intentar solucionar una incidencia "fuera de sus funciones y sin seguir los protocolos marcados", extremo que puso en "riesgo" a los residentes.

En su sentencia, emitida el pasado mes de junio y recogida por Europa Press, el TSJA aborda el litigio promovido por un empleado que prestaba servicios en un centro geriátrico de Utrera, contra su despido disciplinario por la supuesta comisión de infracciones "de carácter muy grave" según el convenio colectivo de la empresa.

Según se declara en la sentencia, la tarde del 1 de septiembre de 2015, este hombre prestaba sus servicios como recepcionista del centro geriátrico, "cuando se le comunicó que no había agua corriente", tras lo cual "sin ponerlo en conocimiento del personal de mantenimiento o de la persona responsable del centro ni atendiendo al protocolo existente en la recepción para tales casos, procedió a acceder a la zona del equipo de presión en la planta sótano de la sala de instalaciones, la cual tenía un acceso restringido y estaba reservada para el personal cualificado, y conectó tal equipo, que llevaba paralizado varios meses, lo que dio lugar a que entrara en circulación agua no apta para el consumo humano".

A la mañana siguiente, según la sentencia, el personal de cocina "avisó al responsable de mantenimiento de que el agua salía algo turbia", siendo entonces descubierto que el equipo de presión había sido activado. A tal efecto, el responsable de mantenimiento "paralizó inmediatamente" el equipo e informó a la dirección del centro para que se procediese a suministrar agua embotellada a los residentes, si bien "el agua no apta para el consumo humano ya se encontraba en la red del centro, con la exposición a infecciones como legionella u otras correlativas por parte de las personas".

"GABINETE DE CRISIS"

Tras la celebración de un "gabinete de crisis", según la sentencia, fueron orquestadas toda una serie de medidas y fue alertado el distrito sanitario correspondiente, acordándose además un "protocolo de vigilancia y control por parte del equipo sanitario de los posibles síntomas que pudiese ocasionar el contagio".

"Tras los resultados efectuados, se comprobó que el agua de los depósitos no era apta para el consumo humano y que el plan de choque realizado había tenido efecto, sin que se produjese ninguno tipo de infección ni gastroenteristis por parte de los residentes, personas de avanzada edad y con deficiencias respiratorias, especialmente vulnerables", zanja la sentencia, exponiendo que a cuenta de tal situación el trabajador causante de la misma fue sometido a un despido disciplinario.

Después de que este empleado impugnase tal despido, el Juzgado de lo Social número diez de Sevilla declaró "procedente" la decisión de la empresa, "ante la negligente actitud" del trabajador, "fuera de sus funciones y sin seguir los protocolos marcados", extremo que ocasionó una "exposición a riesgos de los pacientes".

Y aunque este empleado elevó un recurso de suplicación ante el TSJA contra dicha sentencia inicial, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado dicho recurso, exponiendo que "partiendo de la acreditación de los hechos imputados y de la adecuada tipificación de los mismos como falta muy grave, no cabe que el juzgador de instancia pudiera considerar que la decisión de despido era improcedente en atención a una subjetiva valoración de la sanción como no adecuada, lo que invade competencias empresariales no fiscalizables por los tribunales".

Por ello, el TSJA desestima el recurso de suplicación y confirma la sentencia inicial del Juzgado de lo Social número diez que declara procedente este despido.