El fiscal también pide la absolución para la arquitecta técnica que ha sido juzgada en esta causa al no considerar demostrada la existencia de un concierto de voluntades para incumplir la legalidad, por lo que ha mantenido su posición inicial de no formular acusación contra ellos.

La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Castril (ahora gobernado por Nuevo Castril) ha mantenido su petición de seis años de prisión y diez de inhabilitación tanto para el exalcalde como para la arquitecta técnica.

El tercer procesado ha quedado fuera del proceso después de que la acusación popular haya retirado los cargos contra él y, puesto que sólo le acusaba esta parte, ha podido abandonar la sala con su abogado antes de que finalizara el juicio.

La acusación particular ha pedido al tribunal que en el supuesto de que no se aprecie un concurso de delitos se produzca una condena por uno de los señalados en el proceso, prevaricación o malversación.

López Ródenas defendió el martes su inocencia ante el tribunal y defendió su gestión en la adquisición de este local, alegando que no hubo más ofertas que la de este inmueble y que durante la tramitación del expediente no hizo "ninguna indicación" ni al secretario ni a la arquitecta municipal.

Relató que la compra del inmueble era una "necesidad imperiosa" para ubicar allí los servicios sociales de forma que fueran accesible para los usuarios, personas mayores que en algunos casos no podían acceder por las escaleras a esas dependencias.

Y dijo que se dio traslado de la oferta de compra a los siete propietarios de los inmueble anexos al ayuntamiento y sólo uno quiso vender, por lo que "no había más opciones para elegir". Pese a ello, se hizo "todo el expediente completo", respecto al que no se pudieron reparos de posibles irregularidades, según relató. El juicio ha quedado visto para sentencia.