CyL exige al Gobierno el mismo trato que Cataluña con su gravamen ambiental sin recurso de inconstitucionalidad

  • La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha exigido este miércoles para Castilla y León el mismo trato que ha recibido Cataluña en su impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos que no fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo central.

Esta es la principal petición que ha realizado la consejera en su defensa del último trámite parlamentario del Proyecto de Ley que gravará los residuos temporales almacenados en la central nuclear de Santa María de Garoña y que ha definido como un nuevo impuesto "extra fiscal" para compensar a los ciudadanos por las cargas ambientales que deberán soportar como consecuencia del depósito temporal de residuos de la central atómica.

Según ha informado la consejera, el gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda remitió el pasado 23 de octubre un informe sobre la "posible incompatibilidad" de los tributos autonómico y nacional que será "rebatido con argumentos" por parte del Gobierno de Castilla y León.

Dicho esto, Del Olmo ha aclarado que de la lectura del último párrafo de ese informe se entiende que esa posible coincidencia de tributos desde una perspectiva técnica tampoco es concluyente ya que la Secretaría de Estado de Hacienda apela a un nuevo informe por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica.

Del Olmo ha recordado a este respecto que diez comunidades autónomas disponen ya de impuestos de carácter medioambiental para contemplar una compensación económica por riesgos medioambientales y ha justificado una vez más la necesidad de gravar los residuos almacenados en la central nuclear de Santa María de Garoña como "incentivo" para que sean trasladados fuera de Castilla y León ante el "riesgo" de que se mantengan de forma indefinida, lo que penalizaría el desarrollo y el aprovechamiento del potencial de la zona.

La consejera ha defendido que el proyecto de ley está "plenamente ajustado" a las competencias de Castilla y León al gravar como hecho imposible el riesgo de alternación del medio ambiente por el depósito de residuos y ha asegurado que la recaudación se destinará para las inversiones de la comunidad en el área de influencia.

En este punto, ha recordado al Gobierno de la nación, que cerró el reactor burgalés, su obligación de "actuar ya" para reactivar la zona donde ya trabajan la Junta y las administraciones locales.

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