Mientras el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento hispalense, Juan Carlos Cabrera (PSOE), viene avisando de que la Policía Local será "muy exigente" con los conductores de VTC en lo que se refiere a los accesos al casco histórico y las áreas declaradas de especial restricción al tráfico, en respuesta a las reivindicaciones de los taxistas, fuentes de la delegación de Unauto en Andalucía han indicado a Europa Press que la organización está "estudiando tomar medidas jurídicas".

Y es que mientras la ordenanza municipal de Circulación, recogida por Europa Press, especifica hasta 17 tipos de autorizaciones para el acceso a las zonas declaradas de especial restricción al tráfico, incluyendo el transporte público de viajeros o la "distribución capilar de mercancías, servicios y suministros", Unauto expone que estas medidas "limitan a un competidor en el transporte discrecional de viajeros, para favorecer y dar ventaja competitiva al taxi".

"El ciudadano es el gran perjudicado de este tipo de medidas arbitrarias y forzadas por la presión habitual del gremio del taxi a las administraciones", señalan desde Unauto, toda vez que los compromisos del concejal de Movilidad en cuanto a estas medidas y otros aspectos de control a los VTC propiciaron que la Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad Hispalense del Taxi y Élite Taxi Sevilla desconvocasen finalmente el paro promovido para el viernes pasado en el sector local del taxi.

Dicho paro, convocado después del reciente desembarco de Uber en Sevilla y que incluía además una caravana de coches también suspendida, constituía un episodio más del conflicto que enfrenta a los taxistas de Sevilla con los conductores de VTC que trabajan para empresas como Uber o Cabify.

EL CONFLICTO DEL TAXI

Y es que el sector del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir repetidamente en incumplimientos de las normativas, pues la regulación les impide transitar por carriles reservados al transporte público o circular a la búsqueda aleatoria de clientes, mientras estos últimos advierten de situaciones de coacción, amenazas y ataques por parte de taxistas.

En el marco de este conflicto, la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas, toda vez que fruto de estas pesquisas policiales, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha incoado una causa en la que figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con relación al devenir de la parada de taxis del aeropuerto, regida por una tarifa única.

Las asociaciones del taxi, de su lado, se desligan de los altercados investigados en insisten en acusar a los conductores de VTC de incurrir constantemente en situaciones de "intrusismo" o competencia desleal.

La situación, recordémoslo, tocó techo la madrugada del martes de la edición 2017 de la Feria de Abril. Aquella noche resultaron incendiados nueve turismos VTC desplazados de Madrid a Sevilla para reforzar los servicios de la empresa Cabify con motivo de la Feria, en un alojamiento rural de Castilblanco de los Arroyos donde descansaban sus conductores.

A cuenta de tal extremo fue finalmente detenido un taxista natural de dicho municipio y socio tanto de la Unión Sevillana del Taxi, como de Solidaridad Hispalense del Taxi.