presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, ha desestimado el recurso de reforma promovido por la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, contra el auto previo en el que la juez instructora ofrecía al Ayuntamiento ejercer acciones judiciales como perjudicado, según un nuevo auto adelantado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press.

En dicho auto, entre otros aspectos, la juez instructora expone que

los hechos indagados afectan "directamente y más que nadie a los viajeros y en especial a los sevillanos, como demuestra la repercusión que en los medios de comunicación especialmente en los últimos años, se muestra", toda vez que "las situaciones de exclusión de otros taxistas y las diversas medidas ilícitas de presión afectan a muchos sevillanos usuarios del servicio de transporte en los que repercute la referida situación".

Por eso, la juez desestima el recurso de reforma promovido por Solidaridad Hispalense del Taxi contra el auto en el que formalizaba dicho ofrecimiento, si bien el Ayuntamiento ha decidido ya no ejercer acciones en esta causa, merced a un informe de su secretario general según el cual en este caso "no parece que haya un bien o derecho municipal específico que requiera el ejercicio de una acción en su defensa, sino que únicamente se han vulnerado normas municipales".

Recordemos que fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

LA SITUACIÓN DE SOLIDARIDAD HISPALENSE

En las segundas diligencias, en ese sentido, figuran como investigados los principales responsables de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, con sede precisamente en el aeropuerto de Sevilla y cuyas instalaciones fueron objeto de un registro policial allá por junio de 2017.

Al respecto, los informes policiales derivados de dicho registro, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.

De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto.

Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".

Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.

La defensa de los dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve "novelescos" estos atestados policiales al considerar que se basan en meras "elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio".