En una nota de prensa, la diputada provincial de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, ha explicado que la autoridad judicial ha establecido que el Reglamento del Tratamiento de Residuos es "válido y ajustado a Derecho, aunque obliga a la institución provincial a hacerse cargo de este servicio en los municipios menores de 5.000 habitantes".

Esta sentencia "es contradictoria con otras resoluciones", en concreto, con la "que declaró ilegal y anuló la tasa que el anterior gobierno del PP impuso a los ciudadanos para financiar el coste del servicio".

En este sentido, Blanco ha agregado que esta otra sentencia establecía que "la competencia del cobro del tratamiento de residuos era exclusivamente municipal, de ahí que anulara la tasa que cobraba Diputación en el mandato del PP".

El gobierno provincial ha achacado, en este sentido, al sistema "ilegal que impuso el PP" la situación actual, destacando que la nueva resolución judicial avala el reglamento en vigor.