El Plan de Inserción Socio-Laboral de Castilla y León 2016-2020 ha permitido en los dos primeros años más de 27.500 contrataciones y ha supuesto la realización de 31.000 acciones formativas en las que han participado cerca de 200.000 personas.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado la evaluación intermedia de este Plan, que contempla 129 acciones y para el que se ha incrementado el presupuesto previsto para su desarrollo en este periodo en un 11,78 por ciento, ya que se ha pasado de los 150,2 millones previstos inicialmente a casi 168 (17,6 más) de los 369,4 millones presupuestados para los cuatro años.

La consejera ha recordado que el Plan, con la implicación del Diálogo Social, entidades del Tercer Sector, corporaciones locales y empresas busca la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables y su permanencia en el mismo.

García ha asegurado que los resultados durante estos dos primeros años han sido "bastante positivos" y "razonablemente buenos" y ha vinculado estos resultados también a la reducción de la pobreza en la Comunidad, con una tasa AROPE que ha disminuido 5 puntos, el mayor descenso de España.

Entre los aspectos más "relevantes" la consejera ha destacado que se han superado las previsiones iniciales, ya que ha hecho posible que 196.910 personas en situación de riesgo o de exclusión social hayan participado en sus diferentes acciones.

Asimismo, ha señalado que en los dos primeros años el Plan ha destinado, por un lado, el 58 por ciento de sus recursos a crear o mantener el empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido la realización de 27.509 contrataciones incentivadas por la Administración (de las que 15.692 corresponden a 2017, un 33 por ciento más que en 2016).

Por otra parte, el 42 por ciento restante lo ha destinado a mejorar la capacitación y formación de estas personas para acceder a un empleo, a través de las 31.207 acciones formativas desarrolladas en las que han participado 169.401 personas.

Todo ello ha supuesto que se haya tenido que incrementar el presupuesto previsto para el Plan, que tiene cuatro ejes de actuación centrados en mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables a través de la formación; el acceso al empleo y el mantenimiento del mismo; y otros dos de carácter instrumental para mejorar la intervención social y lograr un cambio social en la percepción de la inclusión social.

EMPLEABILIDAD

El primero de estos ejes, que la consejera considera el primero y "más importante", recoge 46 acciones con un gasto de 70,98 millones en estos dos años (el 42 por ciento del presupuesto) que han llegado a cerca de 170.000 personas.

En concreto, se han desarrollado iniciativas, que han llegado a más de 31.000 personas, relacionadas con información, orientación y asesoramiento; desarrollo de competencias personales, motivación y habilidades sociales; acciones formativas; y acciones formativas con empleo y apoyos complementarios.

En concreto, las enfocadas a mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables, a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral con las entidades del Tercer Sector, a lo que se suma el programa de OFI de orientación, formación e inserción profesional, suman 13.623 personas participantes.

Por otro lado, se han encontrado las acciones dirigidas a favorecer la inclusión activa de las personas con especial vulnerabilidad, apartado en el que se han desarrollado actuaciones en las que han participado 155.778 personas en dos años.

De ellas, 40.559 personas recibieron asesoramiento, información y orientación laboral, a través de los CEAS, entidades del tercer sector y oficinas de empleo, para facilitar su acceso al mercado laboral; 105.151 personas han participado en programas de formación en competencias personales, motivación y habilidades sociales; y 4.670 personas con escasa cualificación han participado en acciones formativas en competencias profesionales dirigidas a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad, o baja cualificación.

Por su parte, 2.723 personas han participado en acciones formativas que incluyen prácticas en las empresas dirigidas a desempleados, a jóvenes provenientes del sistema de reforma, jóvenes en exclusión y personas con discapacidad (en 2016 se formó a 926 personas y en 2017 a 1.797, un 94 por ciento más que el año anterior), y 2.675 personas se han beneficiado de apoyos a estos itinerarios y acciones formativas (en 2016 se benefició a 931 personas y en 2017 a 1.744, un 87 por ciento más).

Entre estos últimos apoyos destacan los apoyos residenciales a mujeres y menores; los apoyos para personas con discapacidad y/o dependientes a través de la figura del gestor de contexto, o el apoyo de acompañamiento y tutorización a jóvenes, permitiendo su inserción en la empresa ordinaria.

Entre los principales beneficiarios de este eje hay 9.352 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), 1.588 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, 9.471 personas con discapacidad y 3.031 jóvenes, con un 20 por ciento de beneficiarios inmigrantes.

APOYO AL EMPLEO

El segundo de los ejes contempla 42 acciones con medidas que facilitan empleo a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas mediante subvenciones o contratación pública y otras que impulsan la contratación en el sector público. A ello se han destinado 96,69 millones, casi el 58 por ciento del total en estos dos años.

El segundo eje se centra en facilitar el acceso a un empleo y su mantenimiento a través de los incentivos ofrecidos por la Administración.

La consejera se ha explicado que a través de las acciones de este eje se han posibilitado 27.509 contrataciones (de ellas 15.692 en 2017, un 33 por ciento más que en 2016).

Las actuaciones han posibilitado concretamente 3.014 contrataciones a través de itinerarios personalizados y otras acciones formativas; 2.928 contrataciones en la empresa privada, (se han duplicado en un año las contrataciones); se ha contratado a 472 jóvenes beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía (pasan de los 90 contratados en 2016 a los 382 de 2017, cuatro veces más); también se promovido la creación de empleo local en colaboración entre la Junta y las corporaciones locales, con 4.576 contratos.

Junto a esto, la consejera ha destacado que también son muy importantes las medidas relacionadas con la creación y el mantenimiento empleo protegido en centros especiales de empleo y empresas de inserción, ya que han permitido que 15.366 personas cuenten con un empleo, lo que supone más del 56 por ciento del total de las contrataciones de este eje.

Además, se han creado 283 empresas gracias a las ayudas económicas; a través de la reserva de contratación se han formalizado 797 contratos a centros especiales de empleo y 28 a empresas de inserción; se han incorporado cláusulas sociales en el 75 por ciento de la contratos adjudicados por la Junta; se ha reservado plaza en la oferta de empleo público de la Junta para 870 personas con discapacidad en 2017, con 642 personas con discapacidad, tres veces más que en 2016 que fueron 228.

Entre los beneficiarios de las medidas de este eje destacan 16.735 personas con discapacidad; 5.383 perceptores de la RGC (de los que 3.123 son de 2017, un 38 por ciento más que en 2016), y el porcentaje de contratos a mujeres ha aumentado, dado que en 2016 era del 37 por ciento y en 2017 ha alcanzado el 44.

Los dos últimos ejes (tercero con 25 acciones y cuarto con 16) son de carácter instrumental y entre sus principales medidas están el desarrollo de un sistema de intercambio de información entre profesionales a través de diferentes herramientas.