Según informa la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, los representantes de la Confederación de Empresarios de Sevilla han pedido mayores medidas de seguridad en estos espacios industriales, ubicados normalmente en la periferia de los núcleos urbanos y despoblados en horario nocturno o fines de semana, así como un plan específico contra los expolios.

A la reunión han asistido el secretario general de la CES, Antonio Montero; el presidente de la Asociación de Parques Empresariales de Sevilla (APES), Antonio López Balbuena; el gerente de esta asociación, José Manuel Fernández Peña; el presidente de la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra, Carlos García Gandul, y el director del área funcional de Industria de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, José Manuel Almendros Uribarri.

En este marco, detalla qu een Sevilla se contabilizan, entre públicos y privados, 23 polígonos industriales que albergan 2.500 empresas y unos 30.000 trabajadores, lo que representa un 53 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). La provincia cuenta con más de 300 polígonos industriales distribuidos por 85 municipios aproximadamente de la provincia, incluyendo la capital.

Por otro lado, los empresarios reclaman la mejora de las condiciones de movilidad en estos espacios, mayores conexiones con las grandes vías de enlace y una mejora de las condiciones urbanísticas, como la iluminación y el vallado.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla se ha comprometido a mantener reuniones conjuntas con la Policía Nacional y la Guardia Civil para estudiar las propuestas de los empresarios y diseñar un plan de actuación que contemple controles aleatorios para mejorar la seguridad en estas áreas industriales.

El subdelegado, por su parte, ha destacado que un plan de seguridad en este sentido debe contar "con la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales, ayuntamientos, asociaciones empresariales y seguridad privada".

Los empresarios también han manifestado interés en la instalación de cámaras de seguridad en las calles de los polígonos, cuyas solicitudes deben ser presentadas ante los ayuntamientos competentes para licitar la colocación de estos sistemas de seguridad.