La Federación de Vecinos 'Antonio Machado' asegura haber recibido como un "jarro de agua fría" la decisión de la Audiencia de Valladolid de considerar prescrito el supuesto delito cometido por los empresarios beneficiados por las modificaciones del denominado 'Caso PGOU', al tiempo que lamenta que el recurso de la Fiscalía demorará aún más la celebración del juicio.

En el caso de la federación, ésta, a través de un comunicado recogido por Europa Press, explica que su decisión de no acudir al Supremo en casación no está motivada en un cambio de criterio sobre la legalidad o no de las acciones que se juzgan, y que ahora se consideran prescritas.

"Seguimos teniendo claro que ningún técnico o político va a aventurarse a modificar artículos, planos, acuerdos de Pleno sin intervención de las personas supuestamente beneficiarias de estos cambalaches. Pero creemos que la presentación de recursos sólo va a servir para retrasar aún más la resolución de un juicio que ya ha se ha demorado demasiado", lamentan.

En este sentido, recuerdan que han pasado más de diez años, nada menos, desde la primera denuncia, en la que además no se tuvo en cuenta a los "verdaderos beneficiarios del desaguisado" (los empresarios no fueron imputados hasta que la federación consiguió reunir el dinero necesario para personarse como acusación particular y lo solicitó).

Este retraso, a su juicio, ha favorecido la prescripción del posible delito "precisamente de quienes han logrado pingües beneficios gracias a lo que en su momento se consideraron "errores materiales"".

También la federación ha considerado la carga económica que supondría para ésta, una entidad sin ánimo de lucro y en la que trabajan mayoritariamente personas voluntarias. Y ha pesado el considerar que la ampliación del periodo de prescripción a 10 años, por ejemplo, supondría mantener la imputación de sólo uno de los diez empresarios imputados inicialmente.

"Y hay algo más, tal vez más grave, o más preocupante, al menos: casos como éste no ayudan en nada a la percepción que el común de los mortales tienen (tenemos) de la Justicia; alguien modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y los que se han beneficiado se van de rositas, porque sus supuestos delitos han prescrito. No porque sean inocentes, que eso ni siquiera se ha debatido hasta el momento", lamentan.

Por eso, critican que "al final, la ciudadanía de a pié ya no sabemos si lo que ha prescrito es la injusticia, el delito, o la propia Justicia. La falta de transparencia, lo retorcido del lenguaje, y finalmente lo desconcertante de actuaciones judiciales como la que nos ocupa provocan una desconfianza en la Justicia que nos preocupa enormemente. En este caso, y en general, si hay culpables, deben tener su merecido; por el bien de todos, incluso de la propia Justicia".