motivo del anuncio del Ministerio del Interior de la puesta en marcha de un plan de control sobre precursores de explosivos y que ha sido organizada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).

El objetivo de este encuentro ha sido dar a conocer a las empresas las obligaciones de la Ley de precursores explosivos, y que contiene las previsiones necesarias para la correcta aplicación del Reglamento en España.

Se consideran precursores de explosivos sustancias ampliamenteutilizadas en la industria e incluso por los consumidores, como en elcaso del peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), la acetona o elácido sulfúrico, entre otros.

Representantes del Ministerio del Interior han explicado a losempresarios la importancia de que, a lo largo de la cadena desuministro, conozcan sus obligaciones en relación a estos productospara evitar que sean utilizados en la fabricación ilícita de explosivos.

En este sentido, han señalado que las infracciones muy gravescontemplan sanciones de hasta 60.000 euros con una posiblesuspensión temporal de la actividad para los operadores económicos,y hasta 30.000 euros, con posible revocación de la licencia yprohibición temporal de volver a solicitarla en el caso de losconsumidores.

Las obligaciones de las empresas en España respecto a lacomercialización de las sustancias precursoras de explosivos lo largode toda la cadena de suministro supone que los fabricantes ydistribuidores de sustancias químicas catalogadas deben crear unregistro de transacciones que incluya la firma del cliente y reportaraquellas que resulten sospechosas a las autoridades, así comocualquier robo o sustracción.

Igualmente, cualquier distribuidor (grandes superficies, droguerías, tiendas de pinturas, cooperativas agrícolas, etc.) que ponga estos productos a disposición de los particulares, les debe solicitar la preceptiva licencia y hacer constar en las etiquetas que se trata de productos restringidos.