La concejal de Transparencia, Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín, ha presentado este jueves la memoria de este organismo, creado hace doce años -coincidiendo con la llamada Ley de Grandes Ciudades-, que, en 2017 tramitó un total de 171 reclamaciones.

El hecho de que se resolvieran 207, más de las presentadas, indica que "se trata de resoluciones de reclamaciones pendientes del ejercicio anterior", que supone "el récord de resoluciones resueltas desde la creación del tribunal".

En cuanto al promedio de resolución de las reclamaciones fue de 185 días, "muy por debajo del periodo máximo establecido legalmente, que es de un año", por lo que la concejal ha apuntado que se trata de un método para el contribuyente gratuito, cercano y rápido, sobre todo comparado con la vía judicial".

San Martín ha destacado que el 35% de las reclamaciones resueltas se refirieron a actos de gestión recaudatoria en periodo voluntario y el 65% en periodo ejecutivo.

Del total de reclamaciones resueltas se estimaron 21; se desestimaron 163; no se admitieron 21 y se archivaron 2. El porcentaje de las reclamaciones estimadas, un 10%, es similar al de los tres ejercicios anteriores.

El año pasado, el 86% de las reclamaciones en vía ejecutiva fueron por multas de tráfico, mientras que en periodo voluntario la reclamación más numerosa fue por el impuesto de plusvalías, con un 87%.

Respecto a la litigiosidad, en cuanto a

los casos desestimados que van a los tribunales, se sitúa en el 20%, "en torno a una treintena de casos".

En este sentido, San Martín ha recalcado que "igual que ocurriera en 2016, destacan altos niveles de litigiosidad en vía administrativa y contencioso-administrativa en relación con el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, las plusvalías".

Una vez que, desde hace unos meses, una sentencia del Tribunal Supremo sentara jurisprudencia al respecto, la edil ha reseñado que, por parte municipal, "se están estimando los casos en los que se demuestra que hay venta a pérdidas", y que, además, se está también agilizando la tramitación en lo relativo a la presentación de las escrituras.

EL TRIBUNAL.

Este Tribunal es el órgano que resuelve las reclamaciones económico-administrativas sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos y de otros ingresos de derecho público de competencia municipal.

Entre sus funciones figuran el dictamen de los proyectos de Ordenanzas Fiscales y la elaboración de estudios y propuestas en materia tributaria.

El Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Logroño empezó a funcionar en octubre de 2004 en aplicación de la Ley de Modernización del Gobierno Local, que configuraba a Logroño como Municipio de Gran Población.

Supone una vía de reclamación gratuita para el contribuyente que le permite evitar la vía judicial, más lenta y con costes para el ciudadano en muchos casos. El ciudadano cuenta con un plazo de un mes para presentar la reclamación desde el momento en el que se le notifica.

Este tribunal está integrado por un presidente y dos vocales funcionarios del Ayuntamiento de Logroño. Se trata de una composición de técnicos especializados en temas tributarios, pero ajenos a la gestión directa de ese Área: asesor jurídico, gestor de patrimonio y técnico de Administración General (licenciado en Derecho con experiencia en el área económica).