Ante la protesta celebrada ante el Parlamento andaluz por un grupo de vecinos del entorno de Tarazona en demanda de que el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), gobernado por el socialista Javier Fernández, asuma la urbanización de esta zona donde las viviendas fueron construidas al margen del planeamiento urbano, el Consistorio ha defendido que "la responsabilidad y costes de urbanizar esta zona corresponde a los vecinos por planeamiento, por estatutos, por ley y por el compromiso aceptado en el convenio urbanístico".

El edil de Urbanismo del consistorio rinconero, Francisco Manuel Díez, ha recordado que en el año 2000, el Ayuntamiento reconoció a esta zona en el PGOU como suelo urbanizable con el fin de facilitar a los vecinos todo el proceso de urbanización del entorno donde ya estaban levantadas sus viviendas.

En este sentido, el edil de Urbanismo ha puesto en valor el trabajo realizado desde el consejo rector, "respaldado por la Plataforma Ciudadana de Vecinos de Tarazona, con la que el Consistorio lleva trabajando codo con codo durante los últimos diez años". "La asociación de vecinos de Tarazona es una minoría, que pretende que el Ayuntamiento actúe como un banco con condiciones a la carta personalizadas para cada vecino, algo imposible por razones de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero, según la Ley de estabilidad, sostenibilidad y racionalización de las Administraciones Públicas", ha avisado.

Díez recordó que "con la idea de facilitar la urbanización, el Consistorio ha ofrecido una solución mixta que elimina los problemas de compensación y toma de la cooperación la gestión y tutelaje por parte del Ayuntamiento, sin que los vecinos pierdan la posibilidad de tomar decisiones". "El plazo para el pago de las cantidades que corresponda a cada parcelista se acordará con los vecinos en tres o cuatro años sin intereses y dotando así de plazos flexibles su abono, en función de las circunstancias de cada uno, permitiendo así la posibilidad de ir faseando la urbanización progresivamente".

En cuanto al cobro del IBI, ha destacado que "es un impuesto que grava el valor del objeto ya sea edificación o suelo, y al igual que el resto de impuestos son títulos exigidos sobre el marco de la Ley General Tributaria que no conllevan la prestación de servicios públicos". Así pues, "la vinculación del IBI respecto de los bienes inmuebles sólo lo es a efectos de hacer posible la cuantificación de la contribución que realiza el titular y no de una vinculación directa entre causa, es decir el pago del impuesto, y efecto, o sea servicios vinculados al bien inmueble". "Al tratarse de suelo urbano no consolidado, en algunos casos pagan hasta un 35 por ciento menos que en el núcleo urbano", ha agregado.

En cuanto a las críticas de la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, el edil cree que muestran su "completo desconocimiento del asunto y un afán de politizar el tema", preguntándole por "la situación de las urbanizaciones diseminas de Carmona", un municipio gobernado por el popular Juan Ávila.