La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar  103.000 euros a los tutores de un joven disminuido psíquico y físico que pasó dos años en prisión preventiva por un crimen que no cometió.

En 2001, Alejandro A. G. tenía 25 años (y tres de edad mental), fue detenido acusado de matar a un compañero de residencia, un centro privado para deficientes mentales en San Pedro Alcántara (Málaga). Dos años más tarde fue declarado inocente por un jurado que consideró que con la grave incapacidad física del joven era imposible cometer la agresión, publica Sur.

La familia de Alejandro decidió reclamar al Estado por el error judicial. En 2005, Justicia rechazó la petición. Ellos recurrieron ante la Audiencia Nacional, que dio la razón a la familia en 2007. El importe de la indemnización asciende a 103.000 1, que sus padres cobraron hace dos semanas.