A la sesión del próximo lunes están llamados a declarar dos de los policías locales que denunciaron estas prácticas en 1998, lo que dio lugar a varios reportajes televisados en Telecinco que sirvieron a la asociación APDH para que presentara una querella que, tras varios intentos de archivo, ha terminado llegando a la Audiencia.
Los dos policías que quedan por declarar fueron expedientados y trasladados al cementerio a modo de castigo por haber denunciado las prácticas que se llevaban a cabo con menores marroquíes. Su testifical será determinante, después de que en la sesión inicial del juicio, los dos únicos acusados negaran que fueran conscientes de cualquier ilegalidad, amparándose en la aplicación del protocolo seguido desde 1996 y vigente mucho antes de que ambos tuvieran responsabilidad política en materia de menores o seguridad ciudadana.
Además de estos dos agentes, declararán el jefe de la Policía Local, citado en el juicio como mando que organizaba los dispositivos ahora enjuiciados y políticos de la época que llegaron, como Juan Luis Aróstegui, a participar en la comisión de investigación que se acordó para analizar la problemática creada en la ciudad y después de que se tuviera conocimiento por varias denuncias de policías y funcionarios sobre prácticas indebidas con los menores marroquíes.
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