El proyecto presupuestario de la Diputación de Sevilla y sus entidades satélite para 2017, recordémoslo, se elevaba a 424 millones de euros, dentro de los cuales el gasto no financiero, es decir el gasto "real" destinado a aspectos como inversiones, adquisiciones, servicios o nóminas, por ejemplo, subía de los 263,5 millones de euros de 2016 a unos 276 millones. Dentro de dicho montante, según la documentación recogida por Europa Press, los salarios de la plantilla de la Diputación y sus cotizaciones a la Seguridad Social copaban 123,3 millones de euros, toda vez que las inversiones reales se cuantificaban en 30,5 millones y las transferencias de capital para apoyar inversiones rozaban los 23 millones.

Al respecto, la portavoz de IU, Engracia Rivera, ha avisado de que las cuentas generales del ejercicio presupuestario 2017 de la Diputación reflejan que la institución cerró el año con "cuatro millones" pendientes de abonar a los ayuntamientos por programas y actividades acometidos por los mismos merced al compromiso de contar con el respaldo económico de la corporación provincial.

Del mismo modo, ha alertado de que las cuentas prueban una caída de cuatro millones de euros en las transferencias a los municipios para los servicios de dependencia prestados desde los mismos. Pero especialmente, ha criticado que el documento refleje que la Diputación tiene "303 millones de euros apalancados" en depósitos bancarios, pese a las "necesidades" de financiación, proyectos, liquidez y en definitiva estímulo que marcan a muchos municipios sevillanos. "Es una aberración", ha criticado, agregando que en los dos últimos ejercicios los ayuntamientos sevillanos han dejado de percibir 8,5 millones por parte de la institución provincial.

En la misma línea, la portavoz del PP, Virginia Pérez, ha alertado de que las cuentas de 2017 arrojan una "caída del diez por ciento" en las transferencias corrientes a los municipios respecto a 2016, lamentando la supuesta inejecución de algunas partidas incluidas en el presupuesto de 2017, varias de ellas relativas a programas sociales o de igualdad. Es más, según Pérez, en algunas de estas partidas presupuestarias el grado de ejecución habría sido de "cero euros" al cierre del ejercicio presupuestario 2017.

Además, Virginia Pérez ha avisado de que los informes técnicos apuntan a costes "desorbitados" en algunos de los servicios prestados por la Diputación, por lo que ha llamado al Gobierno provincial socialista a "corregir" aspectos como los descritos.

LAS "LIMITACIONES" AL GASTO

La diputada provincial de Hacienda, Concepción Ufano, ha defendido de su lado que el presupuesto provincial de 2017 fue ejecutado "casi al cien por ciento", precisando aspectos como el de la caída en las transferencias a los municipios por los servicios de dependencia, pues al mediar "cambios" en el sistema de pagos de la Junta de Andalucía, muchas de las transferencias del año 2017 no habrían sido abonadas hasta este año.

Igualmente, y con relación a los fondos atesorados por la Diputación, ha advertido de las "limitaciones" legislativas que pesan sobre la misma a la hora de gastar "el dinero ingresado".

Negando que haya una "dejación" en la gestión económica de la institución o las inversiones, Ufano ha insistido en que tales "limitaciones" impiden emplear todo el dinero acumulado por la institución, recordando que la Diputación viene reclamando al Gobierno central, tanto al anterior del PP como al actual del PSOE, "cambios" legislativos que reduzcan tales limitaciones, toda vez que las cuentas de 2017 han sido finalmente aprobadas con el voto a favor del PSOE y la abstención de todas las fuerzas de oposición.