La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha acordado este miércoles esta liquidación, a propuesta de la Concejalía de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica.

El acuerdo de liquidación de la concesión de este aparcamiento subterráneo para residentes no contempla el reconocimiento de indemnización alguna a favor de Teconsa. Dicho contrato fue declarado resuelto por acuerdo de la Junta de Gobierno del 10 de agosto de 2016, al haberse aprobado judicialmente el plan de liquidación de la empresa y declararse la extinción de la concesión, con reversión del aparcamiento y sus instalaciones al Ayuntamiento.

Asimismo, se acordó que la indemnización que, en su caso, procediera reconocer se tramitaría en una pieza separada cuya resolución ha sido adoptada este miércoles.

La concesionaria había solicitado al Ayuntamiento una indemnización de 2.094.694,56 euros, cifra en la que valora las inversiones ejecutadas, tanto por la ejecución del edificio del aparcamiento como por su aportación a las obras de urbanización de la plaza.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha aplicado lo recogido en el Pliego Condiciones Administrativas regulador de la concesión, que recoge expresamente como causa de resolución del contrato la "disolución o quiebra de la empresa concesionaria, sin que exista derecho a indemnización alguna".

Fuentes municipales han añadido que "dado que la presentación de ofertas por los licitadores cuando se saca a concurso una concesión, supone una aceptación de las condiciones fijadas en los pliegos que la regulan, entiende que no procede ahora que la antigua concesionaria presente una reclamación".

En cualquier caso, el Ayuntamiento ha realizado un análisis de las cantidades reclamadas y argumenta en la resolución aprobada hoy sus discrepancias con las cantidades barajadas por la concesionaria.

El concejal de Hacienda, Antonio Gato, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, que el equipo de Gobierno ya tiene la "solución" para esta aparcamiento, que lleva más de dos años cerrado, la cual pasaría por sacar las plazas a venta directa en propiedad y también para alquiler, con importantes rebajas con respecto al precio que ofrecía, en su momento, Teconsa.

Así, el edil ha apuntado que se prevé, aunque todavía están pendientes trámites jurídicos, ofrecer las plazas en propiedad por entre 7.000 y 8.000 euros, un 50 por ciento de los precios fijados en la concesión, y, en alquiler, a razón de unos 40 euros al mes. "Queremos dar una solución competitiva con el sector privado del barrio", ha explicado Gato.

Según el concejal socialista, la Intervención municipal estima que con la venta de 80 plazas y con otras 20 en alquiler el Ayuntamiento podría cubrir los gastos fijos y el aparcamiento sería "económicamente viable".

Gato ha destacado que de esta manera se podrá "poner en valor" este parking, que no resultó "atractivo" para los vecinos de La Victoria, pero ahora se podrá realizar una oferta "interesante", de modo que espera "ver la demanda".

La apertura de este aparcamiento de residentes, adjudicado a Teconsa en octubre de 2007 por el Gobierno municipal del PP, tuvo lugar el 15 de diciembre de 2011 en plena crisis económica, con un número total de plazas de garaje de 287, distribuidas en tres sótanos, de las cuales 273 corresponden a coches y 14 a motocicletas.

Sólo diez de las plazas de garaje fueron adquiridas por residentes -cesión durante 50 años-, de acuerdo con los pliegos de condiciones aprobados y con unos precios que rondaban los 15.000 euros.

Según han explicado fuentes municipales, debido a las graves deficiencias en el estado de mantenimiento del aparcamiento, cuyo tercer sótano llegó a inundarse, el Ayuntamiento ordenó el cierre del mismo por razones de seguridad, lo que se produjo de forma efectiva el día 31 de mayo de 2016.

La extinción de la concesión implicó asimismo la resolución de los contratos de los diez cesionarios que habían adquirido sus plazas a Teconsa y que han sido indemnizados por el Ayuntamiento a través de los correspondientes expedientes de responsabilidad patrimonial reservándose el Ayuntamiento el derecho a reclamar dichas cantidades a la concesionaria.