La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se manifiesta en los mismos términos que la dictada contra otro matrimonio que fue juzgado por hechos similares el pasado mes de mayo.

Los hechos son considerados constitutivos de un delito contra la Ordenación del Territorio, del artículo 319.1 del Código Penal. En concreto, esta construcción de trata de la ampliación de una vivienda de once metros de lateral-fondo, 20 de largo y ocho de altura en una finca de 26 áreas, sin que constara la existencia de edificación alguna, según el escrito del Ministerio Fiscal.

La edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por lo que el fiscal considera que los acusados no solicitaron licencia municipal ni autorización de la Dirección del Parque Natural.

Del mismo modo, aseguró en su escrito que estas obras se realizan para la vivienda habitual de los denunciados y sus hijos en una finca sin actividad agrícola ni ganadera, incompatible con la legislación protectora del parque natural y que prohíbe nuevas viviendas sin vinculación con usos agrícolas-ganaderos-forestales. Además, se trata de una ampliación de la vivienda, que no estaba finalizada en marzo de 2017.

Detectadas las obras por agentes de la Unidad de Policía de la comunidad autónoma, se denunciaron ante este juzgado que abrió diligencias previas en febrero de 2018, existiendo además expedientes sancionadores abiertos por la Delegación de Medio Ambiente y el Ayuntamiento.

VARIAS VIVIENDAS EXPEDIENTADAS

Se trata de una aldea cuyas viviendas están siendo investigadas por la Fiscalía, de hecho en diciembre su alcaldesa, la socialista Carmen Osorno, fue denunciada por no haber actuado en al menos 22 viviendas construidas ilegalmente en la aldea.

No obstante, unos días después el Ayuntamiento decretó un expediente de derribo de una construcción ubicada en la citada aldea al encontrarse en suelo no urbanizable y realizarse sin la pertinente licencia y sin cumplir ningún parámetro legal con madera y alpacas de paja, y abrió otros expedientes sobre 20 viviendas para comprobar si cumplían con los requisitos legales.

DELIMITAR EL HÁBITAT RURAL DISEMINADO

Cabe recordar, no obstante, que tras varias reuniones mantenidas entre la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva, el Ayuntamiento de Alájar y el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se ha acordado delimitar el hábitat rural diseminado en la aldea en base a los asentamientos históricos de la década de los años 50 en la zona para encajarlo en el nuevo PGOU.

El objetivo, según señaló al respecto el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Cortés, es que "las edificaciones que cumplan con la ley se regularicen urbanísticamente" y sean incluidas en el citado plan de la localidad, en cuya aldea viven más de un centenar de personas.

Cabe recordar que el hábitat rural diseminado es una figura que se diseña con el fin de dar respuesta a la existencia de asentamientos dispersos de carácter rural, ligados, en su origen, a ciertos procesos relacionados con las actividades agropecuarias.

El siguiente paso, según explicó el delegado, es elaborar un plan especial en esta zona para detallar cómo se puede actuar, qué tipo de construcciones o qué tipo de materiales, con el fin de que todas las edificaciones estén normalizadas y con similares características. "La Junta le va dar una solución al problema urbanístico pero las viviendas se tienen que adaptar", precisó Cortés.