En una providencia consultada por Europa Press, el Juzgado de Instrucción 2 de Huércal-Overa cita a Llamas el día 25 a las 10,30 horas en calidad de investigado tras la denuncia interpuesta por el actual equipo de gobierno que lidera Purificación García (PSOE) a raíz de un informe jurídico que encargó al entrar en la Alcaldía ante la sospecha del pago "duplicado" de facturas.

La denuncia que ha dado lugar al procedimiento indica que la condición adicional segunda de la póliza establecía que las disposiciones de esta cuenta especial de crédito se dispondrían hasta un importe máximo de 250.000 euros contra la presentación de unas facturas cuyo listado aportó el propio ayuntamiento.

El informe jurídico posterior, elaborado por el secretario-interventor, concluyó, sin embargo, que "la totalidad de las facturas que habían sido incluidas" en este listado "ya se encontraban satisfechas y habían sido pagadas por el ayuntamiento con anterioridad a la suscripción de la póliza de crédito".

La denuncia señala que el dinero obtenido en el préstamo "no se destinó" a "cubrir necesidades transitorias de tesorería" y sostiene que "por el contrario, lo que pretendía era pagar facturas de proveedores que ya estaban abonadas y satisfechas íntegramente".

Añade que Llamas, en su condición de alcalde entonces, tuvo "pleno conocimiento de esta situación" y hace referencia a un informe jurídico "desfavorable que se realizó y en el que se señaló expresamente que la Alcaldía debía de haber procedido a cancelar anticipadamente el préstamo o desistir del mismo al ser totalmente irreal la finalidad de la operación de tesorería".

La denuncia detalla que, "pese a ese informe desfavorable", la Alcaldía procedió a "otorgar hasta 15 órdenes de pago contra la póliza suscrita y de facturas que ya habían sido otorgadas con anterioridad".

"En todos estos casos, Llamas era plenamente consciente de la ilegalidad de su actuación, puesto que en todos y cada uno de los casos se pusieron reparos y se hicieron informes jurídicos desfavorables, donde se le señalaba una y otra vez que estas facturas habían sido satisfechas, dado que incluso en el momento en que se acuerda contratar la póliza se le manifestó por escrito esta circunstancia, haciendo caso omiso de todos estos informes", recoge.

Reprocha que "impuso sus directrices y órdenes como si de un cacique se tratara, sin importar el hecho de estar dictando de forma continuada resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia" y le atribuye haber causado "un claro perjuicio para las arcas públicas con el pago de una póliza de crédito que se contrató sin objeto alguno".

La denuncia, que considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos continuados de prevaricación en concurso real con uno continuado de malversación de fondos públicos, apunta que, si bien la mayoría de las empresas "devolvieron el dinero pagado por duplicado", existió una empresa que "ni devolvió el dinero que le había sido entregado por duplicado, ni a la que el alcalde no le reclamó dichas cantidades".

"Entendemos que la finalidad no era otra que presuntamente disponer de liquidez para otros fines y que no podía justificar ya que una vez recibía el dinero de la entidad financiera, pagaba a las empresas que había en la relación facilitada a la entidad bancaria, entregando los justificantes de pago a los proveedores para justificar su pago, y luego pactaba con esos proveedores su devolución en otra entidad financiera, disponiendo de esta forma de crédito para otros fines", concluye.

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