La diputada del área de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, ha comparecido este miércoles junto al responsable de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez, para abordar este asunto y ha sostenido que la sentencia es "contradictoria con otras resoluciones del mismo tribunal".

En concreto, con la que declaró ilegal y anuló la tasa que el anterior gobierno del PP impuso a los ciudadanos para financiar el coste del servicio. Por todo ello, los servicios jurídicos de la Diputación solicitaron el martes una aclaración de sentencia.

"Consideramos esencial un pronunciamiento del alto tribunal andaluz para que, en todo caso, unifique criterios sobre el sostenimiento del servicio, de forma que todos los ciudadanos tengan un mismo trato por respeto al principio de capacidad económica e igualdad fiscal", ha manifestado.

La diputada de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente ha señalado que la situación actual tiene su origen en la "decisión errónea y malintencionada del anterior gobierno del PP" de disolver el Consorcio Provincial para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (Resur), del que formaban parte la Diputación y los municipios, para implantar después un sistema, "declarado ilegal por los tribunales", que incrementaba el coste del servicio y "obligaba a los ciudadanos de la provincia a pagar una tasa anulada por resolución judicial".

Recalca que aquella resolución les obligó a replantear la gestión del servicio para arreglar el "desaguisado heredado" del PP y que lo hicieron abaratando el coste del tratamiento de residuos, rebajando el precio por tonelada de 32,61 euros a 23,16", con un ahorro a los municipios de más de 9,4 millones en los tres años de mandato.

"Lo que debemos de preguntarnos es por qué antes, con el gobierno del PP, el servicio costaba 3,3 millones de euros más de lo que cuesta ahora, nosotros lo hacemos mejor, lo hacemos más barato y lo hacemos con seguridad", ha agregado Blanco.

Por su parte, el diputado de Recursos Humanos y Economía, Manuel Gómez, ha afirmado que el equipo de gobierno provincial acatará lo que determinen los tribunales siempre, siguiendo las indicaciones de los técnicos de la institución y de acuerdo con todos los grupos políticos de la Corporación.

"Si tenemos que rectificar lo haremos, siempre sobre la premisa de la igualdad de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, si entendemos que esa es una competencia propia de la Diputación de Granada", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que "la Diputación asumirá el coste del servicio sin perjuicio de que en el futuro se estudien otras vías de financiación". "Lo asumirá para municipios de menos de 5.000 habitantes, porque nosotros no jugamos con una doble vara de medir y no tenemos doble cara", ha dicho.

Gómez ha informado de que la nueva resolución judicial afecta a 139 municipios de la provincia y tendrá un impacto de unos dos millones de euros al año en el coste del servicio, cantidad que equivale al 20% del coste del tratamiento, cifrado en 10 millones al año.