La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera que no ha quedado acreditado que los acusados acordaran con terceros la puesta en marcha de un plan de acoso hacia el entonces interventor, y el entonces técnico de informática y representante sindical.
Señala que no está acreditado que "realizaran sucesivos actos hostiles o vejatorios graves contra ellos, prevaliéndose de su relación de superioridad y con la finalidad de lograr la salida de ambos de la Diputación, así como de impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical".
En el juicio, celebrado en mayo, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé (PDeCAT), declaró como testigo y negó que hubiera irregularidades en las facturas que no contaron con la conformidad del entonces interventor.
El abogado de los dos exfuncionarios, Pau Simarro, ha asegurado este martes que está valorando la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria.
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