Según ha informado la institución insular en un comunicado, la resolución tiene una vigencia máxima de tres meses. El Consell ha requerido al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para la efectividad de la suspensión.
Dicha facultad para frenar las obras, ha explicado el Consell, se ampara en varios artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de Baleares.
Según han explicado, en el recurso de los arquitectos se aportan tres informes técnicos a analizar. Así, "elementales criterios de prudencia" aconsejan suspender el derribo y estudiar la documentación.
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