Los juicios suspendidos, según los sindicatos, alcanzaron los 251, 21 de ellos en el Juzgado Social, 200 en el Civil y Penal, y 30 en el Contencioso.

Buena parte de los 465 funcionarios se concentraron ayer a las 12 de la mañana en la plaza de San Pablo con pancartas, megáfonos y caretas del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. En el interior de las infraestructuras judiciales permanecieron 51 trabajadores que no se sumaron a la huelga, así como los servicios mínimos.

Además del registro de documentos, los Juzgados mantuvieron su actividad en lo referente a causas de presos, medidas cautelares y en tramitaciones en el Registro Civil, como inscripciones de nacimientos o registros de defunciones. En este último, los servicios mínimos trabajaban a pleno rendimiento a primera hora de la mañana con apenas tres funcionarios, cuando el personal suele ser de 17.

En el caso de la Audiencia Provincial, el seguimiento fue similar al de los Juzgados, pese a que no había ningún juicio programado para la jornada. Hoy y mañana, el Tribunal acogerá una vista que se engloba en los servicios mínimos.

«Los trabajadores se pueden ir»

«Hacemos el mismo trabajo que en otras comunidades y merecemos una equiparación», señaló Ángel Espinosa, de UGT en Valladolid al explicar las causas de la huelga indefinida programada desde este lunes. «Si no logramos esa igualdad, podemos llegar a ver cómo los trabajadores se van a otras comunidades donde cobren más», apuntó. Durante el día de ayer, los representantes sindicales en Madrid recibieron una oferta del director general de Justicia con un aumento de 40 euros. Los sindicatos la rechazaron.