El juicio, que tendrá por escenario la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid y cuya ponente será la magistrada Teresa González Cuartero, se prolongará, en principio, por espacio de más de dos meses, con tres sesiones de mañana por semana, los martes, miércoles y jueves.

Los encausados deberán asistir a todas y cada una de las sesiones del juicio, salvo aquellas fechas en las que sus defensas acrediten que el testimonio de los testigos citados nada tiene que ver con los supuestos hechos delictivos que se imputan a sus patrocinados.

Una hipotética suspensión de la vista ha planeado sobre el proceso en los últimos meses como consecuencia de una dolencia sufrida en mayo por el principal inculpado, el exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca, que le llevó a pasar por quirófano recientemente, si bien parece que tal circunstancia no se producirá y el acusado será dispensado únicamente el día en el que tenga que pasar revisión.

Dado el número de acusados que compartirán banquillo, se calcula que la primera semana esté reservada para la exposición de las cuestiones previas por parte de sus respectivas defensas, con lo que es más que probable que las testificales no se produzcan hasta la siguiente semana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las defensas plantean la prescripción de los delitos, sin olvidar las posibles dilaciones indebidas en un proceso en el que, según alegan, transcurrieron más de veinte meses desde el auto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 hasta el traslado definitivo de la totalidad de las actuaciones a las representaciones de los acusados.

REITERACIÓN DE RECURSOS

Precisamente, las dificultades para el acceso de los defensores a la documentación de la causa se ha convertido en los casi dos últimos años en el principal escollo del proceso judicial, en el que se han reiterado los recursos y quejas de los investigados por la indefensión sufrida ante la imposibilidad de elaborar, con total garantía, sus escritos de calificación provisional.

A lo largo de este maratoniano juicio comparecerán, en calidad de testigos, distintos arquitectos, técnicos y funcionarios, así como ex políticos como el anterior alcalde, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, y miembros entonces de su corporación, como Manuel Sánchez, Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y Juan Carlos Muñoz.

A los trece imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Incluye también en el listado de imputados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en su escrito de calificación provisional, pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.