En un comunicado, la portavoz del grupo, Rocío Díaz y el edil popular Fernando Egea, han indicado que dicho documento fue aprobado en sesión plenaria en marzo de 2016, superando el periodo de exposición pública sin recibir alegaciones ni por parte de usuarios, ni de colectivos ni de los grupos políticos.

Sin embargo, "cuando los socialistas entraron en el gobierno fue retirado bajo la excusa de nuevas reuniones y aportaciones, que se podrían haber llevado a cabo en los plazos marcados", han apuntado los 'populares', que han criticado que "se paralizó innecesariamente una herramienta ya elaborada, útil y en la que se han escuchado a los profesionales de los servicios sociales".

De hecho, han insistido en que el Reglamento de los Centros de Servicios Sociales "fue elaborado contando con los profesionales que trabajan en estos centros, con sus inquietudes, su experiencia y su profesionalidad", y han incidido también en que se trata de una herramienta muy importante para el funcionamiento diario de dichos centros. Por ello, "exigimos que esté en marcha lo antes posible".

Los 'populares' han lamentado que "una vez más quede patente la desidia de Cuenca con los temas sociales", un área que, a su juicio, necesita "más hechos y menos palabras". Por ello, Díaz ha criticado que "el equipo de gobierno y sus socios no se pongan de acuerdo, paralizándolo todo y desatendiendo una necesidad social como ésta".

"El reglamento presentado ahora es muy similar al presentado en 2016", ha explicado Egea. Por ello, al PP le llama la atención que "lo poco que ha cambiado el texto ha sido para copiar literalmente 20 artículos de la Ley de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía".

En este sentido, han criticado esta adición "innecesaria y absurda que satura el texto y que se trata de una práctica de muy poca calidad jurídica". No obstante, el grupo del PP ha presentado "27 alegaciones que afectan a 48 artículos que han sido aceptadas casi en su totalidad".

Entre las "mejoras y modificaciones" destacan "el derecho de los funcionarios a recibir instrucciones claras de sus superiores, fijar reuniones periódicas con los directores de los centros, establecer un plazo de dos años para poner en marcha una aplicación informática, el derecho de cambio de profesional de referencia o priorizar a la familias vulnerables con hijos menores en la obtención de vivienda".

Este reglamento "define los servicios, prestaciones y actuaciones que se desarrollan en estos centros a fin de mejorar los derechos y las necesidades sociales de la ciudadanía, atendiendo especialmente a las situaciones de vulnerabilidad social y de marginación de las personas, familias y grupos, con el objetivo de conseguir en la capital una sociedad más cohesionada e integradora", según explica el PP.

Además, se determina "que los centros dispongan de una programación y una memoria que regule sus actividades anuales y se regulan las condiciones de acceso de cada ciudadano a los Servicios Sociales, así como los derechos y los deberes de los usuarios".