En una nota, González ha afirmado que "la única novedad" que ha aportado el portavoz del PP sobre las sanciones a la Diputación es "la de 626 euros". En este sentido, ha manifestado que "mezcla" esa sanción "con falsedades antiguas que ya fueron aclaradas en una comisión informativa con asistencia de todos los grupos políticos de la Diputación".

"Al final lo que le interesa es un relato, de escándalo y de oscurantismo, aunque se le demuestre la verdad, se le muestren todos los expedientes y se conteste a todas las preguntas con absoluta transparencia", ha añadido.

González ha explicado que los hechos que han motivado la sanción se originan en diciembre de 2017, cuando se presenta una reclamación administrativa por parte de dos trabajadoras que pretenden la conversión de sus contratos en indefinidos-discontinuos.

Según ha señalado, Diputación desestimó esta pretensión y las recurrentes plantearon su demanda en el Juzgado de lo Social. En el curso de las diligencias el Juzgado solicitó informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección levantó un acta de infracción, pero no sobre la reclamación de fondo (la constitución de los contratos en indefinidos-discontinuos) sino por un defecto formal en la documentación, ha explicado.

En este sentido, ha indicado que el defecto fue no haberse completado la casilla sobre justificación del contrato "aunque del examen de cada situación, cuando han comparecido en esta Inspección las dos partes, queda absolutamente acreditado que la causa del contrato era la sustitución de trabajadores individualmente considerados de vacaciones", según se expresa en el acta.

González ha manifestado que en su conclusión final la propia Inspección de Trabajo determina que "no procede la transformación de los dos contratos en fijos discontinuos". "La Inspección coincide en los planteamientos defendidos por Diputación a la hora desestimar la conversión de los contratos en indefinidos", ha asegurado el diputado, que ha incidido en que "la sanción es por un defecto accesorio, colateral, consistente en no especificar los nombres de las personas sustituidas en vacaciones".

González ha afirmado que "los cuatro años de Loaiza al frente de Diputación ocasionaron el pago de sanciones por irregularidades laborales por encima de los 720.000 euros". Según el diputado, "parte de aquellos procedimientos, promovidos y constituidos en el mandato de Loaiza, pero resueltos y notificados con posterioridad a su salida de la presidencia de Diputación, son los que reitera cada cierto tiempo a sabiendas de su falsedad".

"Sin ir más lejos esta semana hemos recibido una sentencia que nos obliga a pagar más de 14.000 euros por una cesión ilegal de una trabajadora del año 2014", ha concluido.