Cabe recordar que el pasado 31 de enero el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, al que ahora ha vuelto la causa, dictó auto de apertura de juicio oral por un presunto delito de asesinato contra estas tres personas. En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado señala que, de todas las diligencias practicadas, se desprende que es procedente el enjuiciamiento y que los acusados habrán de ser juzgados por la comisión de los hechos en concepto de acusados y el órgano competente para enjuiciar los hechos en la Audiencia Provincial de Sevilla es el Tribunal del Jurado.

Pues bien, según han informado a Europa Press fuentes del caso, el pasado mes de agostro la magistrada Esperanza Jiménez decidió devolver la causa al Juzgado de Instrucción después de que durante el mes de julio el Tribunal del Jurado, que en esta ocasión recayó en la Sección Séptima, dictara una resolución por la se decretaba la libertad sin fianza para Elena N.S., cuya defensa ejerce el abogado Enrique Rojo Alonso de Caso.

Elena N.S. ingresó en prisión en el mes de abril de 2016, tras ser reconocida fotográficamente por un testigo protegido como una de las personas que entró en el domicilio de Anabel Deza Vázquez, esposa viuda de D.N.S. -hermano de Elena y Rosa, fallecido de un ictus en diciembre de 2015-, y "salió pocos minutos después de la muerte de ésta".

La defensa de Elena N.S., según informaron fuentes del caso a Europa Press, solicitó desde el primer momento una rueda de reconocimiento, prueba que fue reiterada en varias ocasiones y finalmente admitida por el Tribunal del Jurado. La rueda de reconocimiento resultó negativa para la identificación de Elena N.S. y en la misma la testigo identificó a una tercera hermana de las acusadas que participó en la rueda y sobre la que ahora el juez instructor deberá decidir si la trae a la causa en calidad de investigada.

Nada más conocerse el resultado de la rueda, el abogado defensor de la acusada, Enrique Rojo Alonso de Caso, solicitó la inmediata puesta en libertad de Elena N.S., que, tras resolución del Tribunal del Jurado, se decretó en julio.

El Tribunal del Jurado, en su resolución, reconoce que, como consecuencia del resultado de la rueda, los indicios que en un primer momento se valoraron contra Elena N.S. "habían decaído por completo y no habían sido corroborados por el resultado de la diligencia de reconocimiento en rueda".

Las citadas fuentes han indicado que, tras la decisión del Tribunal del Jurado y la vuelta de la causa al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la defensa de Elena N.S. ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones contra su representada. Sobre esta decisión tendrá que pronunciarse las partes personadas en la causa, donde además el juez instructor deberá acordar, entre otras cuestiones, si práctica nuevas diligencias para determinar la implicación de la persona reconocida en la rueda o dicta nuevo auto de apertura de juicio oral.

LOS HECHOS

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, en su auto de apertura de juicio oral de enero, señalaba que en la mañana del día 19 de abril de 2016, Elena N.S., Rosa N.S. y la pareja sentimental de ésta, Francisco Javier M.R., se personaron en el domicilio de Anabel Deza, con quien "vendrían manteniendo desavenencias familiares desde largo tiempo, desavenencias generadas fundamentalmente por la falta de aceptación de que su hermano, de raza gitana, se uniera sentimentalmente a una 'paya' -Anabel- que además tenía dos hijos de relaciones anteriores, y por la educación y custodia de su hija (menor nacida el 6 de febrero de 2013, fruto de la relación de la víctima con D.N.S.)".

Según continúa relatando el auto, los encausados procedieron "a agredirla violentamente, asestándole varias puñaladas en el cuerpo y golpeándola con violencia en la cabeza hasta causarle la muerte". Así, una vez en el interior de la vivienda, los tres acusados, "puestos de común acuerdo en la acción y con el claro propósito de acabar con la vida de Anabel, se abalanzaron repentinamente contra ella, propinándole una brutal paliza, golpeándola violentamente en los miembros superiores y en la cabeza hasta que cayó al suelo, momento en el que fue golpeada reiteradamente con el objeto contundente y apuñalada en la espalda y cuello de forma repetida hasta que al arma utilizada (cuchillo de cocina) se le rompió la hoja tras asestar hasta 61 puñaladas lo que le causó un sufrimiento desmesurado hasta lograr su objetivo que no era otro que causarle la muerte".

Para el magistrado, existen "serios indicios" de la participación de los sujetos investigados en la causación de la muerte violenta de la joven, siendo así "plenamente compatible la causa de la muerte con una actuación violenta producida sobre la finada con arma blanca y objeto contundente".

De este modo, diversos testigos relataron cómo aquella mañana se personaron los tres investigados, aunque ahora un testigo protegido no ha reconocido a Elena N.S., en el domicilio de la víctima, pudiéndose escuchar gritos desde el interior del domicilio -"socorro, socorro, que me matan, ayudadme, que me matan"-, y que "inmediatamente se dejaron de oír más gritos, saliendo a continuación de la casa de la víctima" los tres acusados y huyendo a bordo de un Peugeot color blanco, del que sería usuario Francisco Javier.

Además, el juez añade en su auto de enero que los acusados habrían acabado con la vida de Anabel, atacando a su víctima de "manera sorpresiva y encontrándose ésta en una clara situación de desproporción de fuerzas respecto de sus agresores, quienes no le dieron posibilidad ni oportunidad alguna de defenderse".

El magistrado considera que resulta "procedente y necesario" acordar la apertura del juicio oral, pues del total contenido de las diligencias instructoras practicadas, se deriva la existencia de indicios racionales de criminalidad contra Elena N.S., Rosa N.S. y Francisco Javier M.R. en relación a los hechos; que los hechos relatados pueden ser tipificados como un delito de asesinato por "la concurrencia de alevosía y ensañamiento", tal como sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, así como las acusaciones particulares y la Junta de Andalucía en nombre y representación de los menores -la víctima, a la fecha de los hechos, tenía cuatro hijos-.

Todo ello "sin perjuicio de la posible apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, tales como las agravantes de abuso de confianza, abuso de superioridad, y/o de discriminación; y sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales/definitivas y por el órgano sentenciador.

La Fiscalía de Sevilla, en su escrito de acusación, solicita 25 años de cárcel por un delito de asesinato, por la concurrencia de alevosía y ensañamiento, con la agravante de abuso de confianza, para cada una de las tres personas encarceladas por su presunta vinculación con el asesinato de Anabel Deza Vázquez. Asimismo, reclama que, por los daños morales causados, los acusados indemnicen a cada uno de los cuatro hijos de la víctima con 153.400 euros, así como que abone 15.400 euros a las dos hermanas mayores de la fallecida.