La principal propuesta es la aprobación de una ley de Cantabria de garantía de los derechos de las personas con discapacidad en 2018, así como la asignación de partidas presupuestarias específicas para 2019 con el objeto de garantizar la implantación efectiva de las medidas incluidas en esta ley, especialmente de accesibilidad urbanística, arquitectónica, del transporte, y de la información y la comunicación.

Entre otras peticiones, hay una recurrente, la preocupación por la normativa de acreditación de los centros que prestan apoyo a personas con discapacidad con precios que garanticen la sostenibilidad y calidad de los servicios, que sigue sin respuesta. Ello hace necesario un aumento de la partida de estancias concertadas, ha explicado el CERMI en nota de prensa.

En este sentido, el Comité ha insistido en apostar por los servicios de promoción de la autonomía personal y prestaciones de asistencia personal, con normativa específica para ello y precios públicos, que deberían estar en vigor desde julio de 2015.

Por otro lado, al igual que en los presupuestos de 2018, año en que se ha comenzado con el nuevo sistema de gestión de fondos recaudados para fines sociales a través de la 'X Solidaria' del IRPF, en el que las comunidades autónomas asumen un importante papel, CERMI Cantabria ha insistido en que esta partida procedente del Estado se sume a las ya existentes de la comunidad autónoma con finalidad social y que éstas no se reduzcan.

Asimismo, la entidad ha traslado su "gran preocupación" por la ausencia de medidas que permitan la sostenibilidad de las entidades de economía social ante la subida del salario mínimo interprofesional. Por ello, se propone impulsar una Ley de Economía Social pero incorporar ya en la Ley de Presupuestos alguna medida para favorecerla.

La reserva entre el 7% y el 10% de contratos públicos a centros especiales de empleo, empresas de inserción y entidades de iniciativa social, tal y como se establece en la Ley de Contratos del Sector Público, o garantías para que los precios que se incluyen en los pliegos de los concursos públicos garanticen la sostenibilidad de las empresas y de los puestos de trabajo que estas crean y mantienen son algunas de estas medidas.

La subida de los salarios y la previsión al alza no es compatible con el descenso de los precios de los concursos, según CERMI.

También se plantea la necesidad de garantizar partidas suficientes para avanzar en políticas para la educación inclusiva, el empleo de personas con discapacidad o el acceso a la justicia. Igualmente, es preciso recuperar partidas desaparecidas en los últimos ejercicios para mejorar las infraestructuras y equipamiento de los centros.

Por último, CERMI Cantabria ha reclamado desarrollar actividades para el alumnado con discapacidad en periodos vacacionales o para la promoción de la salud, con prioridad para la atención a las personas con problemas de salud mental y enfermedades crónicas.

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