En una nota, el máximo responsable de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha hecho referencia a que "el objetivo que nos marcamos con la firma de este acuerdo es contribuir a la reinserción social de las persona privadas de libertad".

Según ha destacado Ruiz, "se trata de mejorar los factores de empleabilidad de la población reclusa mediante actuaciones que combinan la formación en habilidades, actitudes y herramientas de desarrollo profesional y personal".

El presupuesto de gastos del citado acuerdo de colaboración posibilitará la contratación de un técnico de empleo o dinamizador sociolaboral, así como la incorporación a la plantilla de un formador en el campo tecnológico, un docente para sesiones de trabajo específicas y un coordinador destinado a garantizar la

correcta ejecución del Programa de Itinerarios de Inserción Sociolaboral de Personas Privadas de Libertad.