Este Decreto-ley, cuya aprobación avanzó este martes el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, contempla el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público un 0,25 por ciento una vez que el 13 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó ese incremento al haberse verificado el cumplimiento del crecimiento previsto del 3,1 por ciento del Producto Interior Bruto.

En el artículo 1, el Decreto-ley recoge, por grupos y subgrupos, las cuantías en las que se van a incrementar las retribuciones del personal al servicio del sector público con efectos desde el 1 de julio de 2018, en los conceptos de sueldo y trienios, paga extraordinaria de diciembre y complemento de destino.

A su vez, la norma posibilita la autorización de un incremento de un 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

Este nuevo texto legal también elimina las limitaciones para retribuir al 100 por cien las bajas en caso de incapacidad temporal, una vez que se han eliminado en la legislación básica estatal.

Con la aprobación de este Decreto-ley se recupera la situación tal y como se aplicaba en la Administración de Castilla y León antes de las limitaciones impuestas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que era la normativa básica aplicable a estos supuestos.