Pineda, en una rueda de prensa ofrecida en Gijón, ha asegurado que esa es una "muestra de irresponsabilidad" por parte de Foro que ha contribuido a incrementar el número de afectados de la clínica.

Ha indiccado que el Grupo Municipal Socialista ha podido saber que la clínica solicitó la licencia de apertura en enero de 2016 y que esta le fue denegada dos meses más tarde por la imposibilidad de realizar su actividad en suelo industrial.

Ante este hecho, la empresa presentó un recurso de reposición en mayo de 2016, que a día de hoy aún no está resuelto, a pesar de que el plazo para ello es de un mes. Además, en el mismo mes también se dictó la orden de cese de actividad y las alegaciones presentadas por la empresa tampoco han sido contestadas.

Tras más de dos años de paralización de estos expedientes, sin que la empresa acudiese a los tribunales para impugnar la denegación de licencia, el gobierno municipal incluyó en el informe de alegaciones al PGO aprobado en junio de 2018 una modificación que permitiría a iDental mantener su actividad, ha lamentado Pineda.

"No queremos pensar que la paralización de estos expedientes haya sido deliberada o que se haya modificado el plan general solo para atender a los intereses particulares de una empresa. Pero el gobierno de Foro hizo la vista gorda y permitió que la empresa permaneciera abierta sin autorización durante más de dos años, mientras la lista de afectados iba incrementándose", señaló la concejala.

Además, Pineda ha criticado que el gobierno de Foro tuviera la "desvergüenza" de suscribir una Declaración Institucional de apoyo a los afectados de iDental en el Pleno de junio, en el que se reclamaban responsabilidades a las autoridades sanitarias de la Administración Estatal y Regional, mientras que ellos "se lavaban las manos".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una serie de preguntas a la Comisión de Urbanismo para que el concejal delegado, Fernando Couto, explique las causas de la paralización de dichos expedientes, por qué no se ejecutó la orden de cese de actividad en mayo de 2016, si hubo algún contacto entre responsables municipales y representantes de la empresa, así como si es posible que se derive alguna responsabilidad del Consistorio gijonés frente a los afectados de la "estafa" de iDental.