En declaraciones a Europa Press, el concejal de PP José Blas Fernández ha explicado que los presupuestos se aprobaron "en un pleno extraordinario que se ejecutó con defecto de forma" por lo que ha presentado un recurso de reposición para que el gobierno local -Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común- "vuelva a iniciar el procedimiento y en el caso de que haya 'silencio negativo' a este recurso, desde el Partido Popular acudiremos a los juzgados de lo Contencioso Administrativo".

"Pese a que alerté al alcalde, José María González, de este fallo de forma, éste me dijo que no era amigo de lo formalismo, así que tendremos que ir a los tribunales y paralizar estos presupuestos siete u ocho meses", ha abundado el edil.

Fernández ha explicado que antes del pleno extraordinario donde se aprobó el presupuesto hubo una exposición pública para realizar enmiendas a las futuras cuentas públicas. "En esa exposición pública presentamos tres alegaciones sobre la remunicipalización de las playas y sobre el hecho de destinar 600.000 euros al Bono Social Gaditano cuando Eléctrica de Cádiz tiene dinero suficiente para sufragarlo", ha detallado.

"Pues bien, en esa exposición pública el gobierno local desestima cualquier enmienda y procede a celebrar un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos donde realizan dos enmiendas relativas a la petición de Márgenes y Vínculos para que se reconociera la deuda del Ayuntamiento entre los años 2013 y 2015, así como la presentada por las trabajadoras de las oficinas de información turística de la ciudad", ha continuado el edil popular, recalcando "que las enmiendas se debieron aprobar en la exposición pública y no en el pleno".

Continuando esa línea, Fernández ha lamentado que el equipo de gobierno "se haya aferrado a que puede realizar enmiendas en el presupuesto en el pleno porque así lo recoge el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) sin saber que lo que estipula éste es válido en plenos ordinarios y no en plenos extraordinarios como ha sido este caso".

Por ello, el concejal presentó el pasado 3 de agosto en el Ayuntamiento un recurso de reposición cuyo el plazo para obtener una respuesta expira a principios de la próxima semana.

Con todo, Fernández ha apuntado que en el caso que se obtenga un "silencio negativo" por parte del gobierno local, "la ley nos otorga un plazo de dos meses para que podamos acudir a los juzgados, donde haremos constar que hubo un defecto de forma en la convocatoria del pleno ya que no se incluyó el acuerdo de resolución de las alegaciones en el mismo, por lo que el pleno debería ser considerado nulo".

"Éste es un episodio más de un equipo de gobierno que ha traído la falta de legitimidad y la inseguridad jurídica a un Ayuntamiento que ya ha visto anulados los anteriores presupuestos de 2016", ha concluido.