Así lo ha manifestado este martes el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, en una rueda de prensa celebrada para mostrar una "radiografía" de la prestación de servicios sociales en los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, abarcados por el Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación.

En ese sentido, Villalobos ha expuesto que si dicho plan contaba con unos 17,7 millones de euros allá por 2004, la edición de 2017 sumaba actuaciones, servicios y programas por importe de 53,7 millones de euros y la edición de 2018 tiene asignados conceptos que suman más de 59,6 millones de euros, a fin de sostener los servicios y programas sociales prestados en los municipios de menos de 20.000 habitantes y las tres ELA de la provincia.

Hablamos, en ese sentido, de los servicios sociales comunitarios, el servicio de ayuda a domicilio que se presta en los municipios, el programa de tratamiento familiar, la red de centros de drogodependencias, el servicio de asesoramiento a inmigrantes, el plan de desarrollo gitano o las ayudas económicas familiares y las subvenciones por emergencia social, principalmente, toda vez que para la prestación de tales servicios y programas hay movilizados 4.009 profesionales en la materia, destacando 3.468 auxiliares de ayuda a domicilio y 139 trabajadores sociales.

IMPACTO SOCIAL

Todos estos servicios y programas prestados en los municipios de menos de 20.000 habitantes y las tres ELA de la provincia gracias a 22 millones aportados por la Diputación, 25,52 millones de la Junta de Andalucía, 5,58 millones aportados por los ayuntamientos y 339.336 euros procedentes del Estado, según Rodríguez Villalobos, han supuesto que a lo largo de 2017, y respecto a una "población diana" de casi 600.000 vecinos, un total de 144.213 personas contasen con apoyo en materia de asesoramiento u orientación en los servicios sociales comunitarios y 49.345 personas fuesen beneficiarias directas de prestaciones sociales o plenas usuarias de programas específicos de ayuda social.

Entre las citadas 49.345 personas destacan especialmente 7.459 personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, financiado por la Junta y el Estado pero canalizado mediante los ayuntamientos, o las 1.167 personas beneficiarias de las ayudas económicas familiares, toda vez que el Plan de Urgencia Municipal (PUM), incluido en este Plan Provincial y traducido en contrataciones temporales a través de los consistorios entre personas desfavorecidas, supuso durante 2017 unas 4.200 contrataciones eventuales.

Del mismo modo, el presidente de la Diputación ha destacado que dentro de las medidas promovidas por este plan, 43 municipios cuentan con puntos de igualdad y en dicho ámbito, entre otros aspectos, 53 asociaciones de mujeres contaron son subvenciones provinciales el año pasado y fueron apoyados 79 proyectos municipales en favor de la igualdad de género.

Así, el presidente de la Diputación ha defendido que el resultado del Plan de Cohesión Social e Igualdad correspondiente a 2017, con una ejecución total del 90,34 por ciento respecto a las previsiones iniciales, prueba que las políticas sociales son el "eje" principal de la acción de gobierno de la institución provincial.