Según ha indicado el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el facultativo, en el que considera que concurre la atenuante de drogadicción, habría incurrido en la presunta comisión de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los hechos se remontan a un periodo comprendido entre enero de 2013 y junio de 2014, cuando el acusado estaba adscrito como médico de familia al consultorio de una localidad de la provincia de Granada, aprovechando lo cual siguió un "plan preconcebido" para conseguir medicamentos tranquilizantes y neuroestimulantes con cargo a la Seguridad Social "en unas condiciones económicas más ventajosas que las que le correspondían".

Así, "falazmente, tras extender y firmar el impreso oficial de recetas de pensionistas, realizó una elevada prescripción de los citados medicamentos, a cargo de la tarjeta sanitaria" de pensionista de su madre, "que no tenía prescrita dicha medicación".

Como pensionista, su madre no tenía que aportar más de ocho euros mensuales desde abril de 2012 a enero de 2013, 8,14 euros mensuales desde febrero a diciembre de 2013, y 8,26 desde enero de 2014, mientras que el acusado tendría que haber pagado un 50 por ciento del coste total de los fármacos en ese periodo.

El procesado, que utilizó hasta seis farmacias de Granada y Guadix para sacar las pastillas, "padecía un trastorno de dependencia a benzodiacepinas en grado moderado-grave, que determinaba una alteración parcial de sus capacidades volitivas, produciendo una merma de las mismas, sin llegar a anularlas", especifica el fiscal.

El SAS reclama el "perjuicio económico" que le ocasionó el caso, en una cantidad valorada en 13.253 euros desde enero de 2013 a abril de 2014. Está previsto que los hechos sean enjuiciados el próximo 26 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

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