En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha valorado que el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla aprobase finalmente el convenio negociado entre la dirección de la compañía y los acreedores de la misma, al objeto de eludir la liquidación de esta empresa casi prácticamente pública declarada hace años en concurso voluntario de acreedores.

"La aprobación del convenio de acreedores clarifica un poco el panorama", ha manifestado Rafael Domínguez, quien valora que Mercasevilla "salga del concurso". Reconociendo que se trata de una buena noticia entre las no pocas adversidades afrontadas por Mercasevilla, Rafael Domínguez ha expuesto que la aprobación del convenio de acreedores, de entrada, permitirá reanudar la negociación del convenio colectivo de la plantilla. Y es que según rememora, la citada negociación había quedado "suspendida" como consecuencia del concurso de acreedores.

La empresa solicitó el concurso voluntario de acreedores después de que la sociedad estatal Mercasa, segundo socio de la misma, no apoyase una ampliación de capital promovida ante una sentencia que condena a Mercasevilla a pagar casi nueve millones de euros a la constructora Sando, toda vez que la indemnización se eleva ya a más de 22,3 millones de euros a cuenta de los intereses de demora.

LA DEUDA DE MERCASEVILLA

En el marco del citado concurso de acreedores, los administradores concursales de Mercasevilla fijaron en 26,6 millones de euros la deuda total de acreedores afrontada por la empresa, una cuantía copada por la sentencia de Sando, ya ratificada por el Tribunal Supremo.

Al respecto, el convenio negociado entre Mercasevilla y sus acreedores, ya aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número dos y recogido por Europa Press, incluye una quita del diez por ciento respecto a las deudas contraídas por Mercasevilla con estos acreedores, a pagar en tres plazos iguales y anuales hasta 2020 en el caso de los créditos ordinarios y en un pago único antes de que acabe 2020 en el caso de los créditos subordinados.

El Ayuntamiento de Sevilla, socio mayoritario de la empresa, figura en el convenio como "compromitente", con el compromiso de "apoyar a la concursada con los fondos necesarios para que la misma pueda dar cumplimiento íntegro a las obligaciones de pago" del convenio, mientras Mercasa figura como "accionista y eventual compromitente", respaldando en cualquier caso el documento.

La propuesta de convenio de acreedores aprobada en el consejo de administración de Mercasevilla y ahora ratificada por el Juzgado de lo Mercantil número dos, recordémoslo, recogía que para materializar los pagos de dicho convenio, el Ayuntamiento y Mercasa habrán de aportar los fondos necesarios como socios principales de la empresa, toda vez que todo esto ocurre en un contexto en el que en junio de 2021, y según los estatutos de Mercasevilla, la sociedad quedará automáticamente disuelta y todos sus activos y pasivos revertirán en el Ayuntamiento, con lo que además es necesario definir el futuro de la gestión del mercado central hispalense.

HAY QUE PAGAR

Dado el caso, el pleno del Ayuntamiento hispalense aprobaba meses atrás con el apoyo de todos los grupos municipales, a excepción de la abstención del PP, una "oferta" a la sociedad estatal Mercasa para que participe en la "gestión conjunta" del mercado central más allá de que en 2021 se disuelva la empresa, con "las nuevas aportaciones de fondos necesarias que correspondan en función de su participación accionarial".

El acuerdo incluye, por cierto, el compromiso de "articular los mecanismos necesarios para que las eventuales plusvalías que en su caso se generasen por cualquier transmisión o enajenación de activos inmobiliarios adscritos a Mercasevilla, una vez realizadas en su caso las inversiones necesarias para una reubicación de las instalaciones, se consideren imputadas o vinculadas al Ayuntamiento" en solitario.

LOS TERRENOS

Y es que los terrenos donde se asienta Mercasevilla, de titularidad municipal, están calificados como suelo residencial y un hipotético traslado de las instalaciones permitiría la venta de tales suelos con los correspondientes ingresos, si bien se trata de suelos inscritos en favor del Consistorio y no de Mercasevilla como tal.

En ese contexto, el Gobierno local socialista reconocía en su momento que mediaban "discrepancias" entre el Ayuntamiento y Mercasa respecto al futuro más allá de 2021 y el destino de los suelos, toda vez que Mercasa votó en su momento en contra de la aprobación de las cuentas de Mercasevilla de 2017.