"Es una situación de ilegalidad palmaria a la que el CSN tiene obligación de poner término fijando un plazo al Ciemat, como titular de los terrenos, para que proceda a la retirada de los residuos radiactivos ilegalmente allí almacenados desde 1966", traslada en las conclusiones elevadas a la Sección 7ª de la AN en el marco del procedimiento contencioso-administrativo que se sigue para que se ejecute en Plan de Rehabilitación que se aprobó para la zona en 2010.

En su escrito, consultado por Europa Press, el colectivo conservacionista discrepa con documentación aportada los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado y remarca que el citado plan, que fija la reducción de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada a 6.000 metros cúbicos y su almacenamiento provisional en contenedores hasta su traslado a EEUU, está "totalmente ultimado hasta el último detalle" y se podría ejecutar en el plazo que contempla de tres años.

"Lo que es inadmisible es que pasen los años y los lustros, y permanezca la radioactividad en pleno centro urbano de Palomares", indica para asegurar que EEUU "dejó 16,6 hectáreas con los residuos radioactivos enterrados a 25 centímetros de profundidad y que también construyeron dos enormes fosas con 1.000 y 3.000 metros cúbicos" tras el accidente aéreo que provocó la caída de las bombas termonucleares.

Para Ecologistas, se trata, por tanto, "no de un caso de exposición perdurable" sino de la presencia de enterramientos "clandestinos de material radioactivo sin respetar la normativa, al aire libre, y sin medida de seguridad alguna, salvo una simple alambrada".

Subraya, asimismo, que la Audiencia Nacional debe ordenar que se apliquen a la zona para la retirada de la tierra contaminada los criterios radiológicos que se aprobaron en 2010 en este plan y "no los modificados por el CSN en 2015 a instancias del Departamento de Energía de EEUU, lo que supondría -avisa- tamizar solamente 28.000 metros cúbicos y dejar el resto de tierra contaminada esparcida por Palomares".

"Se han modificado los criterios radiológicos por motivos políticos, sin base científica", recoge el escrito de conclusiones en alusión al acuerdo de intenciones sobre Palomares firmado entre España y EEUU en octubre de 2015, conocido como Kerry-Margallo que habría condicionado esta modificación.

Según el colectivo, el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, "modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar y tamizar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos aproximadamente", y, después, se firmó el citado acuerdo que de aplicarse "no solucionaría el problema".

DOCUMENTOS "CLASIFICADOS"

La Abogacía del Estado ha alegado a lo largo del contencioso-administrativo la confidencialidad de todos los documentos relativos a Palomares como "clasificados" para no aportarlos a la causa, entre ellos un documento del Departamento de Energía de EEUU de 2015 que Ecologistas considera "clave" ya que en este se habría propuesto al Ejecutivo español "alternativas" con el fin de "reducir los costes" del traslado a EEUU para su almacenamiento de la tierra radioactiva.

En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado, que tiene hasta el 5 de septiembre para presentar sus conclusiones, ha admitido la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter "preliminar" y solo esboza líneas generales sin dar "pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)".

Ha reconocido, en esta línea, que la "ayuda" de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de "importancia primordial para dar solución definitiva a este problema", ya que España "no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio" pero ha revelado que "no existe acuerdo para la gestión final de los residuos" generados.

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, "garantiza que actualmente no se supera la dosis" legal para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado "tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo".