Según el propio vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, el decreto había sido concebido para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas en la Comunidad y para "obligar a que los ayuntamientos e, incluso, los particulares, permitan llevar a cabo las excavaciones necesarias cuando se tengan indicios suficientes de que hay un enterramiento de represaliados", si bien "la realidad es bien distinta", tal y como denuncia el colectivo a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La ARMH tenía previstas dos exhumaciones para el pasado julio en Boadilla (Salamanca) y en Santa María del Tiétar (Ávila). Las solicitudes de intervención fueron remitidas a los Ayuntamientos en febrero y junio de 2018, respectivamente. Y el caso no está todavía resuelto administrativamente.

En el caso de Boadilla (SA) se trata de una fosa común de cuatro vecinos de Robleda, asesinados en agosto de 1936. El terreno afectado es un pequeño espacio en el cementerio vecinal; la propia Junta Vecinal ha otorgado de palabra su permiso; por el contrario, la secretaria del Ayuntamiento de Las Fuentes de San Esteban se ha negado a otorgar el permiso en papel oficial con diferentes disculpas y, ni siquiera, ha respondido oficialmente a ninguno de los escritos de la asociación, critica el colectivo.

La ARMH solicitó amparo a la Junta de CyL, haciendo uso del decreto, pero la respuesta de la Junta fue que el procedimiento de solicitud comenzó previo al decreto, por lo tanto, no es un caso amparado por éste.

"La falta de atención por parte de la Junta de CyL a los familiares de las víctimas, que son quienes reclaman la búsqueda de sus seres queridos, viene a confirmar las sospechas de la ARMH, que denunció que las políticas de memoria castellanoleonesas deberían haberse llevado a cabo desde las Cortes, tras el trabajo de una comisión que escuchara a víctimas y técnicos".

En el caso de Santa María del Tiétar, la ARMH ha evidenciado lo que ha criticado desde hace meses, el decreto de Memoria Histórica de la Junta genera un nuevo "laberinto burocrático" que retrasa la búsqueda y exhumación de las víctimas de la dictadura.

El 8 de junio de 2018 la ARMH remitió al Ayuntamiento de Santa María de Tiétar la documentación necesaria para solicitar el permiso municipal; y la administración municipal derivó la documentación a la Junta, según el procedimiento pautado en el artículo 4 del decreto 9/2018.

Debido al tiempo transcurrido sin respuesta, la ARMH se puso en contacto con la Junta y la respuesta fue textualmente que "no habían recibido ninguna documentación al respecto". El Ayuntamiento de la localidad del Tiétar aseguró a la ARMH que había enviado la solicitud a través de la Delegación de la Junta en Ávila. Minutos después de la reclamación, el expediente apareció de forma "milagrosa" en la Oficina de la secretaría general en Valladolid.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), fundada en el año 2000 después de la primera exhumación mediante métodos científicos en Priaranza del Bierzo, ha exhumado en Castilla y León más de 800 cuerpos, en las más de 140 intervenciones que ha realizado en 18 años.